La gestión de Ignacio Torres puso desde el inicio la lupa en un órgano que es clave para los empleados estatales. Determinó su intervención durante 9 meses, investigó el manejo de fondos, denunció en la justicia a sus antecesores y llamó a elecciones después de 8 años. La decisión de designar allí a Sergio Wisky busca un saneamiento de las cuentas y una mayor eficiencia en una obra social que genera un enorme deficit.