Una mujer y su hijo fueron acusados de engañar a un jubilado de la localidad de Paso de Indios, a quien habrían obligado a vender su casa para llevarlo a vivir con ellos y someterlo a un verdadero infierno que incluyó golpes, torturas, amenazas y humillación.
Los imputados, identificados por el Ministerio Público Fiscal como M.C y J.O, quedaron acusados por el delito de “reducción a la servidumbre en concurso ideal con lesiones leves”, con una expectativa de pena de 15 años de prisión.
La investigación se inició este viernes en la Oficina Judicial de Trelew, por decisión del juez de garantías Marcos Nápoli, luego de que la víctima, de 76 años, declarara bajo la modalidad de Cámara Gesell.
Según informaron fuentes judiciales, el jubilado relató cómo fue captado por los imputados, quienes habrían aprovechado su situación de vulnerabilidad, ya que vivía solo.
“Dijo que primero lo engañaron con el objeto de brindarle contención y atención médica. Luego, incentivaron a que venda su propiedad y continué viviendo en la morada de los imputados. Allí fue objeto de golpes, amenazas con armas de fuego, quemaduras y trabajos forzoso humillantes, controlado por los imputados y coartando su libertad, lo que produjo consecuencias físicas, psíquicas y económicas, ya que también le sustraían el dinero que el anciano percibía de su jubilación”, detallaron desde el Ministerio Público Fiscal.
En el inmueble allanado por personal de la Policía Federal División Unidad Operativa Puerto Madryn, se incautaron teléfonos celulares, documentación, elementos de labranza, y recibos de cobro y de cesión de derechos a nombre de la víctima.
Durante los operativos, el personal policial certificó las condiciones inhumanas en la que se encontraba cautivo el jubilado, incluso sin alimentación ni calefacción.
Al momento de ser rescatado, debió ser internado durante dos días, ya que padecía un cuadro de hambre y deshidratación, y presentaba múltiples golpes.
En representación de la Fiscalía de Trelew, el caso fue llevado adelante procesalmente por la fiscal general Mariana Millapi.
