El Ministerio Público Fiscal presentó este martes la imputación por amenazas contra un abogado y su clienta, quienes a fines del año pasado habían denunciado al intendente municipal de Trelew, Gerardo Merino, por un presunto caso de abuso sexual.
La fiscalía, a través del fiscal general Lucas Koltsch y el funcionario Javier Kronemberger, señaló que los imputados, identificados como Gastón Bordier y María Belén Tromador, obraron de común acuerdo y bajo un mismo plan a los efectos de intimidar a Merino, “exigiéndole de manera ilegítima distintos cargos en la administración pública municipal y provincial respectivamente”.
Según detalló el Ministerio Público Fiscal (MPF), para la mujer le exigieron un cargo en planta permanente de la Municipalidad, ya que estaba empleada como planta transitoria, mientras que para el abogado se requirió un cargo como asesor en la Dirección de Transporte de la provincia.
Fuentes judiciales detallaron que durante la audiencia realizada este martes, se dieron a conocer mensajes remitidos vía WhatsApp por Bordier, donde le ponía un plazo al intendente respecto a las solicitudes o, en su defecto, aseguraba que se vería obligado a efectuar una denuncia por abuso. “Vos y yo nos sentamos a hablar y lo acomodamos”, habría sido uno de los mensajes enviados por el letrado.
Los investigadores afirmaron que el 26 de abril de 2024 se realizó una reunión entre el abogado y Merino en el estudio jurídico del profesional, donde Bordier le habría reiterado la exigencia y la amenaza de denunciarlo.
A la pregunta del intendente sobre si lo estaba extorsionando o presionando, el abogado habría respondido: “No, esto es así, sino sigo con la denuncia”.
Luego, Bordier le habría dado un plazo de 48 horas para una respuesta. Vencido ese plazo, el propio abogado se contactó y le manifestó -según informó el MPF- que no había arreglado, nada por lo que iba a proceder a denunciarlo.
“Ya el 7 de junio de 2024, la señora Tromador se presenta en una escribanía de Rawson para labrar un acta de constatación sobre comunicaciones telefónicas donde uno de los números pertenecía a Merino y con mensajes que van desde agosto de 2023 a marzo de 2024. Pasados los meses, la mujer se presenta en comisaría de la mujer el 15 de noviembre de 2024 y radica la denuncia por abuso sexual, poniendo fin de esta manera a la ejecución del plan acordado. Se refirió que la denuncia dio inicio a un legajo que actualmente se encuentra en trámite y sin apertura de investigación”, afirmó el MPF en un comunicado publicado este martes.
La calificación esgrimida por el Ministerio Público Fiscal es por amenazas coactivas en calidad de coautores. También actúa en la causa como querellante particular la abogada Gladys Olavarría, quien expuso que la calificación de esta parte es por coacción agravada contra un miembro del poder ejecutivo municipal en calidad de coautores.
Escuchadas las partes, el juez Marcos Nápoli consideró que estaban dadas las condiciones para resolver la apertura de la investigación correspondiente, que será por el término de seis meses.