El Gobierno nacional definió el modelo de negocios que aplicará para reprivatizar las cinco represas del Comahue: Piedra del Águila, Alicurá, El Chocón, Arroyito y Planicie Banderitas. En conjunto, las centrales aportan 4.107 megavatios (MW) de potencia, lo que representa cerca del 13% del parque de generación eléctrica del país.
El proceso licitatorio contempla la venta del 100% del paquete accionario de las nuevas sociedades anónimas conformadas para cada central. La concesión será por 30 años. Durante los primeros dos años del contrato, los nuevos titulares deberán vender el 95% de la energía generada a las distribuidoras que abastecen la demanda prioritaria de electricidad, es decir, el consumo residencial.
El precio de esa energía será fijado por la Secretaría de Energía y rondará entre los 15 y 20 dólares por megavatio-hora (MWh). Ese valor se encuentra por debajo del costo promedio del sistema eléctrico, que durante el primer trimestre de 2025 se ubicó en 68 dólares por MWh, según datos oficiales. El 5% restante de la energía podrá comercializarse en el Mercado a Término (MAT) a precio libre.
Fuentes del sector indicaron que este porcentaje de libre comercialización se ampliará de forma progresiva, con incrementos estimados de hasta un 10% cada uno o dos años. La posibilidad de vender energía a precios de mercado crecerá en la medida en que avance la implementación del MAT, prevista para el último cuatrimestre del año.
La elección del esquema responde a un objetivo fiscal. “Permitir que los nuevos concesionarios puedan vender la energía a un precio de mercado hubiese implicado que el costo monómico del sistema se encarezca cerca de un 30 o 35%, obligando al gobierno a aumentar más las tarifas o a ceder en las metas fiscales”, señaló un directivo del sector.
El diseño del modelo licitatorio también condiciona el nivel de ingreso que el Estado podría recibir por la venta de las represas. Consultoras privadas estiman que las ofertas por los activos podrían ubicarse entre 400 y 700 millones de dólares. La Agencia de Transformación de Empresas Públicas, a cargo de Diego Chaher, contrató una consultora para determinar el valor de referencia de los activos, que será incorporado al pliego.
El interés del sector privado es alto. Se descuenta la participación de los actuales concesionarios: Central Puerto (Piedra del Águila), AES (Alicurá), Enel (El Chocón y Arroyito) y Aconcagua Energía (Planicie Banderitas). También podrían sumarse otras empresas como Pampa Energía, Genneia, MSU Energy, YPF Luz y TotalEnergies, entre otras.
“El pliego va a permitir que cada empresa se adjudique dos centrales. Con una inversión relativamente baja, una empresa podría quedarse con más de 2.000 MW de potencia”, afirmó el directivo de una firma interesada en participar del proceso.
El lanzamiento oficial del concurso estaba previsto para principios de abril, pero se postergó para fines de mes por pedido de los gobiernos de Neuquén y Río Negro, que solicitaron más tiempo para analizar el borrador del pliego. Las provincias participan en el proceso como actores consultivos, pero no tendrán participación accionaria en las nuevas sociedades.
