“En Argentina todos estamos pagando el impuesto al combustible, que tiene una asignación específica para hacer rutas, y no se está ejecutando un solo peso. No sigamos cobrando impuestos con asignaciones específicas para hacer obra pública porque es una estafa a los contribuyentes”, cuestionó hace dos semanas el gobernador Ignacio “Nacho” Torres.
El reclamo, repetido por distintos mandatarios provinciales, tuvo su eco en un proyecto de ley presentado por senadores de Unión por la Patria (UxP) para establecer que las provincias puedan financiar el mantenimiento de las rutas con parte de la recaudación del Impuesto a los Combustibles.
Según informaron fuentes legislativas a la agencia Noticias Argentinas, en el proyecto, elaborado por el senador salteño Sergio Leavy y acompañado por el resto de la bancada, se determina un nuevo esquema de distribución del Impuesto sobre los Combustibles Líquidos y al Dióxido de Carbono.
Se trataría de una modificación el artículo 19 de la Ley 23.966, para asignar mayores recursos a las provincias y la ciudad de Buenos Aires.
En la última sesión, Leavy fue crítico del gobierno del presidente Javier Milei por la falta de obra pública en vialidad, al advertir que “por cada peso no invertido en mantenimiento de rutas luego se gastan 5,5 veces más en obras de rehabilitación. La plata está, pero no aparece”, añadió en esa oportunidad.
“Durante 2024, el monto total a transferir al Fideicomiso de Infraestructura de Transporte, proveniente del Impuesto a los Combustibles, debería de haber ascendido a $ 618.964 millones, de los cuales correspondería transferir a Vialidad Nacional $309.482 millones, pero solo se transfirió un tercio de los recursos establecidos por la normativa, $107.013 millones”, agregó.
En los fundamentos del proyecto S-849/25 se indica que “la propuesta se sustenta en el artículo 75 de la Constitución” inciso 2, que señala que “no habrá transferencia de competencias, servicios o funciones sin la respectiva reasignación de recursos, aprobada por ley del Congreso cuando correspondiere”.
Y agrega que “en función de lo anterior, consideramos que corresponde reasignar los recursos del Impuesto a los Combustibles y al Dióxido de Carbono a fin de que las provincias y municipios puedan afrontar las obligaciones que por inacción le han sido transferidas”.
