El ex presidente del Instituto de Seguridad Social y Seguros (ISSyS), Alfredo Prior, negó las acusaciones en su contra por presuntas irregularidades en el manejo de fondos para beneficio de la Asociación del Personal Jerárquico Municipal (APJ), en una investigación que quedó formalizada la semana pasada por la Justicia.
En su descargo, Prior -quien hasta 2018 fue secretario general de la APJ- aseguró que todas las partidas fueron utilizadas “de acuerdo a lo establecido” y negó que se hayan desviado recursos para fines ajenos al funcionamiento institucional.
“El ISSyS no gastó un peso que no correspondiera para su funcionamiento. Todo se hizo en beneficio del instituto”, afirmó Prior en declaraciones a ADNSUR.
La causa se centra en supuestas irregularidades detectadas durante su gestión, particularmente en relación con los fondos asignados para el alquiler de un espacio transitorio mientras se realizaba la construcción de una nueva sede de Seros en Comodoro.
“Cuando licitamos la obra, se fijó el inicio para el 1° de julio de 2022. El primer trabajo era demoler la delegación. Entonces teníamos que conseguir lugar, una superficie importantísima de metros cuadrados para que funcionaran administrativamente Seros. Teníamos que conseguir albergue para los derivados que venían por temas oncológicos y consultorios”, explicó Prior.
Según relató, delegó la tarea de búsqueda del espacio en la delegada local, ya que él se encontraba la mayor parte del tiempo en Rawson, y designó a un responsable del área técnica del organismo para que la asistiera en ese trabajo.
“Después de un tiempo, nos informaron al Directorio, que los locales vistos estaban entre 480 mil pesos, 500, 600 mil pesos mensuales, y ninguno cubría las necesidades para poder trabajar ahí y adecuarlos a la actividad que necesitaba la delegación”, afirmó el ex titular del organismo.
En ese contexto, aseguró, apareció la posibilidad de alquilar un local de la Asociación de Personal Jerárquico. Prior sostuvo que tras los informes positivos que recibió el Directorio, se decidió realizar un contrato en comodato por 24 meses. “Hasta el día de hoy, lleva casi 40 meses y Seros sigue funcionando ahí sin pagar un peso de alquiler. Es decir, en las mismas condiciones que se firmó un contrato como dato en forma gratuita, continúa hasta la fecha”, remarcó Prior.
Como parte de ese contrato, se realizaron tareas para remodelar las instalaciones. “Una cosa es mejorar y otra cosa es adecuar para el funcionamiento. Es la inversión que se hace en cualquier local. Por ejemplo, los consultorios del kilómetro 5. Se alquiló una casa y se transformó en cinco consultorios con baños discapacitados. Se invirtió mucho más que en la adecuación que se hizo en la APJ”, señaló el ex funcionario imputado.
Por último, afirmó: “Si vos hacés los números de lo que invirtió el Instituto y se hubiera tenido que solamente pagar alquiler, hoy es como si se hubiera pagado 200 mil pesos o 300 mil pesos de alquiler, cuando en el mercado están los dos pisos fácil entre 6 y 7 millones de pesos”.
