A solo días de las elecciones legislativas en la Ciudad de Buenos Aires, el Gobierno nacional aprovechó el cierre de campaña para realizar un anuncio con fuerte contenido político y social: una reforma migratoria de corte restrictivo, que busca modificar las condiciones de ingreso, permanencia y acceso a derechos básicos para personas extranjeras en el país.
El anuncio fue realizado sin preguntas por parte de la prensa, durante una conferencia encabezada por el vocero presidencial y candidato porteño Manuel Adorni, acompañado por la ministra de Seguridad Patricia Bullrich y el vicejefe de Gabinete del Interior, Lisandro Catalán.
Entre los principales puntos de la reforma se destaca que “ningún extranjero condenado podrá ingresar al país” y que aquellos que cometan delitos en territorio argentino “serán deportados”. La medida apunta también a restringir el acceso al sistema de salud público, ya que a partir de su implementación los inmigrantes ilegales, residentes transitorios y temporales deberán abonar por los servicios médicos, para lo cual se exigirá la contratación de un seguro de salud como condición de ingreso.
“Quien entre a la Argentina deberá demostrar capacidad de pago”, sostuvo Adorni, reforzando el mensaje de exclusión para quienes no cuenten con recursos o estatus migratorio regular. El mismo criterio fue extendido a la educación universitaria: las universidades nacionales podrán comenzar a cobrar sus servicios a estudiantes extranjeros, si así lo deciden, respetando su autonomía.
Asimismo, se acortarán los plazos para apelar expulsiones del país, y se fijarán nuevos requisitos para acceder a la ciudadanía argentina, que solo se otorgará a quienes hayan residido por al menos dos años ininterrumpidos en el país.
La medida será implementada mediante un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU), cuyo texto se encuentra en elaboración en la Secretaría Legal y Técnica, a cargo de María Ibarzábal Murphy. Hasta el momento, no se precisó la fecha de publicación, aunque se estima que será antes del inicio de la veda electoral.
Desde el oficialismo justificaron la decisión con cifras: “En la Ciudad de Buenos Aires, de los 4.300 extranjeros detenidos en el último año y medio, el 40% fue por robo o hurto”, aseguró el vocero presidencial. Las cifras, sin embargo, no fueron acompañadas por un informe técnico ni contrastadas con estadísticas oficiales del Ministerio de Justicia.
El endurecimiento de la política migratoria no fue una sorpresa total. En diciembre pasado, el presidente Javier Milei ya había anticipado la intención de avanzar con cambios significativos en materia migratoria. Posteriormente, volvió a mencionarlo durante la apertura de sesiones ordinarias en el Congreso. No obstante, el anuncio formal llegó en un momento particularmente sensible desde lo político, lo que ha despertado críticas de sectores de derechos humanos que acusan al Gobierno de utilizar el tema migratorio con fines electorales.
La ministra Patricia Bullrich también tomó protagonismo al anticipar la medida en una entrevista televisiva con el canal TN. “Argentina tiene que seguir siendo una tierra de inmigrantes, pero no de delincuentes. El que viene solo de paso, no puede recibir los mismos beneficios que quien vive y paga impuestos”, sentenció. Además, remarcó que se garantizará la atención médica en casos de emergencia, “porque Argentina es un país solidario”.
Pese a su intento por corregirse en vivo —cuando accidentalmente adelantó la fecha del anuncio—, sus palabras confirmaron que el tema migratorio es uno de los pilares discursivos elegidos por el oficialismo para seducir al electorado más conservador en la ciudad capital.
Mientras tanto, el Gobierno continúa anunciando medidas en los días previos a la veda. El martes, Adorni compartió escenario con el ministro de Economía, Luis Caputo, para comunicar la quita de aranceles a la importación de celulares. Según fuentes del Ejecutivo, este jueves se anunciará una medida “bomba” en materia económica, que podría incluir un nuevo régimen de blanqueo de capitales.
De este modo, el Ejecutivo combina anuncios de corte económico con otros de fuerte impacto social, como esta reforma migratoria, en una estrategia que apunta a marcar la agenda política hasta el último día antes de las elecciones del 18 de mayo.
