El sistema de subsidios energéticos es un tema clave en la política económica argentina, especialmente en lo que respecta a la distribución de los recursos públicos. Durante años, el Estado destinó grandes montos a financiar los costos de energía para distintos segmentos de la población, buscando aliviar el impacto de las tarifas en los sectores más vulnerables.
Sin embargo, la sostenibilidad de este esquema fue cuestionado, dado el elevado gasto que representa para las arcas del Estado, especialmente en un contexto de ajuste fiscal y búsqueda de eficiencia en el uso de los fondos públicos.
Con el objetivo de ajustar el sistema tarifario, el Gobierno tomó una serie de medidas orientadas a recategorizar a ciertos usuarios. Esta iniciativa busca asegurar que los recursos lleguen únicamente a aquellos hogares que realmente los necesiten, mientras se excluye a aquellos con capacidad económica para afrontar el costo completo de los servicios.
En este contexto, el Ejecutivo implementó una nueva medida que afectará a usuarios en zonas de alto poder adquisitivo, ajustando el subsidio energético a una realidad más acorde con las necesidades reales de la población. Según se supo, excluyó de los subsidios energéticos a más de 15.500 usuarios que residen en zonas de alto poder adquisitivo del AMBA, como Puerto Madero y varios barrios cerrados.
La decisión, anunciada por el vocero presidencial Manuel Adorni, se enmarca dentro de la nueva etapa de la política de segmentación tarifaria, cuyo objetivo es garantizar que los subsidios lleguen solo a quienes realmente los necesitan. La medida afectará a hogares cuyos consumos de electricidad se asemejan a los de pequeñas y medianas empresas (PYMEs), superando los niveles promedio nacionales.
De acuerdo con los datos oficiales, el 44% de los afectados por la medida se encontraba categorizado como de ingresos bajos, mientras que el 56% pertenecía al segmento de ingresos medios. Sin embargo, se detectó que estos hogares tienen una capacidad económica incompatible con el régimen de subsidios, ya que su consumo de electricidad es elevado, similar al de entidades con grandes necesidades energéticas.
La recategorización automática se llevó a cabo mediante el uso de herramientas de Sistemas de Información Geográfica (GIS), cruzando datos de diferentes organismos como ARBA y OPISU, lo que permitió identificar a los usuarios que no cumplían con los requisitos para continuar recibiendo el beneficio.
El impacto de esta decisión es significativo, ya que se estima que el ahorro anual para el Estado será superior a los 3.000 millones de pesos. Este ahorro contribuirá a un mejor orden fiscal y a la reducción del gasto improductivo, explicó Adorni. La medida, formalizada a través del Decreto 465/2024, tiene como objetivo corregir distorsiones en el sistema tarifario y garantizar que los recursos públicos sean distribuidos de manera más equitativa.
La recategorización también dejó abierta una puerta para que los usuarios excluidos puedan apelar la decisión. Aquellos que consideren que su exclusión es errónea podrán presentar un reclamo a través del sistema Trámites a Distancia (TAD), mediante una solicitud de revisión de subsidios energéticos. Esta gestión deberá realizarse mediante una Declaración Jurada, respaldada por la documentación correspondiente que justifique su caso.
El Gobierno enfatizó que la medida forma parte de una serie de acciones que buscan sanar un sistema tarifario “devastado” por el despilfarro de subsidios, que durante los últimos 20 años representaron una carga importante para el Estado. “La energía cuesta y quien pueda pagarla, debe hacerlo”, señaló Adorni, subrayando que se terminó el subsidio a quienes no lo necesitan, buscando generar un sistema más justo y eficiente.
Esta recategorización marca un paso hacia un sistema más equitativo, en el que los recursos destinados a los subsidios energéticos sean canalizados exclusivamente hacia los sectores que más lo necesitan, contribuyendo a la sostenibilidad del sistema fiscal del país.
Con información de Ámbito, redactada y editada por un periodista de ADNSUR
