El Gobierno de Javier Milei anunció este miércoles un endurecimiento de la política migratoria, con cambios significativos en los requisitos para acceder a la residencia permanente y a la ciudadanía. Pero además, se informó que los servicios de salud y educación pasarán a ser arancelados para los extranjeros que no cuenten con residencia legal en el país.
“Como hicimos en nuestros orígenes, queremos seguir recibiendo aquellos que vienen a construir un país más libre y más prospero, pero tenemos que saber recibir a quienes estén dispuestos a colaborar dentro del marco de la ley y tener la firmeza de expulsar a quienes incumplen las normas de nuestro territorio”, manifestó Manuel Adorni, vocero presidencial, durante la conferencia habitual de esta mañana desde Casa Rosada.
En continuidad, ante la presencia de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, y el vicejefe de Gabinete del Interior, sentados en la primera fila de la sala, el funcionario afirmó que “de ahora en adelante, cualquier condenado que intente ingresar a través de la frontera será rechazo por las autoridades migratorias y quienes sean encontrados en flagrancia ingresando por pasos no habilitados serán inmediatamente expulsados”.
“La Argentina no será tierra fértil en el ingreso de los delincuentes”, dijo el vocero, y agregó: “todo aquel que sea condenado por cometer un delito será deportado sea el delito que sea y se van a acortar los plazos de los procesos de apelación para las expulsiones que hoy resultan eternos. El que las hace las paga”, sumó.
“Hay muchísimos inmigrantes de bien que vienen y permanecen en las buenas de la ley, que vienen a trabajar, a forjar su futuro, no es justo para ellos que permitamos que quienes no cumplen con las mismas normas permanezcan en nuestro territorio al margen de la ley”, valoró.
QUÉ PASARÁ CON LOS INMIGRANTES ILEGALES
En este marco, el funcionario nacional indicó que “a partir de ahora, los inmigrantes ilegales, residentes transitorios y temporales deberán pagar por los servicios de salud, y quienes ingresen a la Argentina deberán presentar un seguro médico para garantizar esa capacidad de pago”, puntualizó, y sumó: “También se habilitará a las universidades nacionales a cobrar sus servicios si así lo desean, respetando la autonomía universitaria”,.
Con respecto a las modificaciones que saldrán a través de un decreto, Adorni prometió requisitos “más severos” para obtener la residencia permanente y la ciudadanía que, aclaró, “solo se va a otorgar a quienes residan de forma continua durante dos años en el país sin abandonar el territorio nacional”.
“Quienes entran o permanezcan de forma irregular ya no van a ser recompensados con la ciudadanía como ocurría hasta ahora”, anticipó, según publicó NA.
“Hoy, entra casi cualquiera, sin mediar muchas preguntas, y las condiciones de deportación son demasiado flexibles. En los últimos 20 años, ingresaron 1.700.000 inmigrantes irregulares, el equivalente a la población del Partido de La Matanza o la provincia de Tucumán”, denunció.
Finalmente, manifestó que “la Argentina fue demasiado permisiva con quienes ingresan de forma regular. Hoy cualquier condenado con una pena menor de 3 años puede ingresar a la Argentina”.
