La reciente decisión del Senasa de habilitar el ingreso de carne con hueso y material genético desde el norte del país hacia la Patagonia ha encendido las alarmas entre productores, entidades rurales y gobiernos provinciales de la región. A través de la Resolución 180, firmada el pasado 18 de marzo, se autoriza el paso de productos provenientes de zonas libres de fiebre aftosa con vacunación hacia el sur del Río Colorado, una región que ostenta el estatus de zona libre sin vacunación, condición sanitaria altamente valorada a nivel mundial.
“El estatus sanitario de la Patagonia no es un capricho, es un logro colectivo que nos ha permitido acceder a mercados como Europa, Japón y Chile, que exigen estrictas condiciones sanitarias”, explicó Osvaldo Luján, integrante de la Mesa Productiva Patagónica. “Perder ese estatus por una medida apresurada es retroceder décadas”, alertó.
La fiebre aftosa es una enfermedad viral altamente contagiosa que ha tenido rebrotes recientes en países como Alemania, Eslovaquia, Hungría y Sudáfrica. Los productores patagónicos aseguran que abrir la barrera representa un riesgo sanitario y económico enorme, especialmente para la producción ovina, principal fuente de exportación cárnica de la región.
“Hoy se habla de carne bovina, pero se olvida que la carne ovina no tiene mercado interno y depende exclusivamente de las exportaciones. Si perdemos el estatus, nos quedamos sin destino para ese producto. El cordero patagónico, por ejemplo, se exporta con hueso, y no podemos competir si no tenemos acceso a esos mercados”, señaló Juan Jose Anglesio, Presidente de la Sociedad Rural de Comodoro Rivadavia.
Desde el gobierno nacional se argumenta que esta apertura permitiría abaratar los costos de la carne en la región. Sin embargo, desde la Mesa Productiva desmienten este supuesto. “Más del 60% de la carne sin hueso que se consume en Patagonia ya viene del norte, y sin embargo los precios siguen siendo altos. El problema está en los costos logísticos, transporte e impuestos, no en la barrera sanitaria”, aclaró Luján.
Frente a este panorama, las entidades rurales de toda la Patagonia —incluidas federaciones y sociedades rurales de Chubut— solicitaron audiencias con las autoridades nacionales. El pasado 15 de mayo, una delegación se reunió en Buenos Aires con la Secretaría de Agricultura y Ganadería. “Expusimos con claridad los riesgos, pero la respuesta fue la misma incertidumbre. Nos dicen que consultaron a los mercados internacionales sobre cómo reaccionarían ante la medida, pero aún no tienen respuestas. Mientras tanto, seguimos a la deriva”, comentó Luján.
Anglesio fue más contundente: “nos dicen que la Patagonia no va a perder su estatus, pero eso no es cierto. Si se levanta la barrera, los mercados nos van a cerrar las puertas. Y todo lo que hemos logrado en genética ovina, en la expansión de las cabañas, en el arraigo territorial, se va a perder. Esto no tiene argumentos técnicos, solo una decisión política. Por eso necesitamos que ahora los gobernadores de la región se pongan al frente”.
Actualmente, hay consenso entre las entidades del sector en que la salida debe ser política. Se evalúa convocar a una reunión conjunta entre los cinco gobernadores patagónicos y la Mesa Productiva. “Ya no alcanza con el reclamo técnico. Es momento de que los líderes provinciales defiendan lo que tanto costó conseguir”, afirmaron.
La producción ovina, en especial en provincias como Chubut, representa una parte fundamental del tejido económico y social. “Río Negro pasó de tener 3.000 a casi 30.000 hectáreas de producción de alfalfa en pocos años, gracias a este estatus. Estamos hipotecando nuestro futuro productivo por una promesa de precios bajos que nunca llega”, lamentó Anglesio.
La incertidumbre persiste, pero el mensaje de los productores es claro: no se trata solo de carne, sino del modelo de desarrollo patagónico que hoy está en juego.
