El Gobierno nacional avanza con la privatización de cuatro represas hidroeléctricas clave ubicadas en la región del Comahue, con la intención de capitalizar el renovado interés del capital privado por el sector energético argentino. Las concesiones vencidas en 2023 serán licitadas en un proceso nacional e internacional, cuyo pliego definitivo se publicará el próximo 7 de mayo, según anticiparon fuentes oficiales.
El miércoles vence el plazo que el Ejecutivo otorgó a las provincias de Neuquén y Río Negro para revisar el borrador del concurso público que definirá el nuevo mapa de control de las represas Piedra del Águila, Alicurá, El Chocón-Arroyito y Planicie Banderita, responsables del 10% de la generación eléctrica del país. Las centrales fueron administradas durante tres décadas por empresas privadas, y ahora podrían volver a manos del capital privado por otros 20 años.
La licitación será una prueba clave para el Gobierno en su autodenominada “fase 3” del plan económico, centrada en atraer inversiones y generar dólares genuinos. El interés ya fue manifestado por empresas locales como YPF Luz, Pampa Energía, Genneia y MSU, además de los actuales operadores. Incluso hay expectativas por posibles ofertas de grupos extranjeros como Total Energies y consorcios chinos, interesados en negocios de generación limpia y de bajo costo operativo.
Sin embargo, las condiciones propuestas en el pliego podrían desincentivar a los inversores internacionales. Según trascendió, el Gobierno prevé que el 95% de la energía producida se venda a precio regulado —unos US$14 por MWh, muy por debajo del costo de generación actual— y solo un 5% se comercialice en el mercado libre. Además, el mecanismo de actualización no estaría atado a la inflación norteamericana, lo que genera dudas entre los potenciales oferentes globales.
El diseño del negocio propuesto no sería “amigable” para capitales del exterior, según expresaron fuentes del sector, que advierten que esas condiciones “deben ser razonables y comparables” con procesos similares en otros países. Esto podría convertir una licitación de alto valor estratégico en una compulsa entre empresas locales, limitando el ingreso de nuevos actores y la competitividad del proceso.
Las represas que entrarán en juego están bajo la órbita de ENARSA y Nucleoeléctrica Argentina (NASA), según lo establecido por el decreto 718/2024.
