En el inicio del juicio por el hurto de vacunas en el hospital Regional, ocurrido en enero de 2021, las defensas plantearon la suspensión del juicio a prueba, a cambio de reglas de una reparación económica y un régimen de conducta a mantener durante un año. El Tribunal aceptó esa solución alternativa para los integrantes de la obra social de Camioneros, pero seguirá adelante con las dos enfermeras y el empleado de la obra social, acusado de pagar la coima para instigar el hurto.
Tal como había anticipado ADNSUR, esta mañana se inició el juicio oral y público contra un total de 24 imputados, en el caso conocido como ‘robo de vacunas’, por los hechos ocurridos en enero de 2021 en el hospital Regional de Comodoro Rivadavia.
Al inicio de la jornada, además de las cuestiones preliminares que corresponde plantear en esta etapa, las defensas de los imputados solicitaron el beneficio de la suspensión del juicio a prueba, con ofrecimiento de una reparación económica y el acuerdo de reglas de conducta durante un año. Así pudo establecerlo esta agencia, a partir de fuentes que siguen el proceso.
Tras deliberar, el tribunal presidido por la jueza Ana María D’Alessio, e integrado por los vocales Enrique Baronetto y Alejandro Cabral, comunicó su decisión, por la que aceptó suspender el juicio para 21 integrantes del sindicato y la obra social de camioneros, entre los que se encontraba su secretario general, Jorge Taboada.
De esta manera, la mayor parte de los involucrados, que estaban imputados por el delito de ‘encubrimiento’, podrá evitar atravesar el juicio, siempre que cumpla los compromisos asumidos en el acuerdo.
PLATA A CAMBIO DE VACUNAS
Sin embargo, el beneficio fue rechazado para otros 3 imputados, por lo que el juicio sigue adelante contra la enfermera Analía Muñoz y Gabriela Torres, además de Marcos Paura, empleado de la obra social.
A muñoz se le imputan los delitos de hurto y cohecho pasivo, es decir, haber recibido dinero para sustraer y aplicar las vacunas. Estos delitos prevén penas de entre 1 mes y 2 años de prisión y de 1 a 6 años, respectivamente.
Paura enfrenta cargos de cohecho activo, por haber acordado el pago de $15.000 a Muñoz y a otra enfermera, para la aplicación indebida de las vacunas. En este caso, la perspectiva de pena, en caso de comprobarse el delito imputado, es de entre 1 mes y 6 años de prisión.
Finalmente, la enfermera Torres, que trabajaba junto a Muñoz en el hospital y habría contribuido para ocultar las vacunas y la aplicación posterior en la obra social, está acusada por el delito de encubrimiento. Según el artículo 277 del Código Penal, esta figura contempla penas de 6 meses a 3 años de prisión, es decir que, en caso de condena, podrían resultar de cumplimiento condicional.
La posibilidad de la resolución alternativa fue rechazada para las empleadas hospitalarias, por tratarse precisamente de funcionarias del área pública, en tanto el país ha suscripto convenios internacionales de lucha contra la corrupción y las normativas derivadas de ese marco legal impiden aceptar mecanismos alternativos en casos que involucran a funcionarios del Estado.
LOS HECHOS INVESTIGADOS
La causa se inició a partir de una denuncia presentada el 8 de febrero de 2021 por Miryam Monasterolo, entonces directora del Área Programática Sur, tras detectar la sustracción de 30 dosis de vacunas Sputnik V del vacunatorio del Hospital Regional.
La investigación determinó que las dosis fueron sustraídas para ser aplicadas indebidamente a personas ajenas a los grupos prioritarios definidos por la normativa sanitaria vigente, en plena emergencia mundial por la pandemia.
QUÉ ES LA SUSPENSIÓN DE JUICIO A PRUEBA
La suspensión del juicio a prueba, conocida comúnmente como ‘probation’, es una herramienta legal prevista en el Código Penal argentino (artículo 76 bis y siguientes), que permite al imputado evitar el avance del proceso penal bajo ciertas condiciones.
En términos simples, consiste en que la persona acusada de un delito, generalmente de escasa gravedad y sin antecedentes penales, pueda ofrecer reparar el daño causado, cumplir reglas de conducta y someterse a un período de prueba.
Si cumple con todos los compromisos asumidos durante ese tiempo, el juicio no se reanuda y la causa se archiva, sin llegar a una condena.
Esta figura busca, entre otros objetivos, descongestionar el sistema judicial y promover soluciones más rápidas y restaurativas, especialmente en delitos menores. Para acceder a ella, el imputado debe solicitarla expresamente, con el consentimiento del fiscal y de la víctima, si la hubiera.
La ‘probation’ no es aplicable a todos los delitos: está excluida en casos graves, como los que conllevan penas superiores a tres años de prisión de cumplimiento efectivo o cuando el delito haya sido cometido con violencia.
Además, su concesión queda a criterio del juez, quien evalúa las circunstancias del caso y la viabilidad de la propuesta de resarcimiento o conducta presentada.
