Tal como anticipó ADNSUR esta tarde, el Tribuna Oral Federal de Comodoro Rivadavia resolvió aceptar la propuesta de suspensión de juicio a prueba presentada por el defensor de los empleados y afiliados a la obra social de camioneros, acusados por ‘Encubrimiento’, según la calificación legal con la que llegaron al juicio.
Hay que recordar que la investigación se inició en enero de 2021, a partir de la denuncia formulada desde la dirección del Hospital Regional, por el faltante de 30 dosis de vacunas Sputnik, cuando se estaba iniciando el plan de vacunación y tenía un estricto orden de prioridades, que empezaba por los mayores de 70 años, personal de salud y personas con enfermedades de riesgo.
Por el hurto de las dosis quedó imputada la enfermera Analía Muñoz, que seguirá sometida al juicio junto a Gabriela Torres, otra enfermera y el empleado de la obra social, Marcos Paura. A éste se acusa de haber pagado una coima a Muñoz, para que se encargara de obtener ilegalmente las vacunas y aplicarlas a los empleados y empleadas de la obra social de camioneros, entre quienes se contaba su secretario general, Jorge Taboada.
Según trascendió, frente a la perspectiva de una pena de cumplimiento condicional, ya que el máximo previsto en el Código Penal por la imputación de encubrimiento es de 3 años de prisión, lo que hubiera significado eventuales sanciones ‘en suspenso’ y por debajo de ese tope (ante la falta de antecedentes de los acusados), el tribunal optó por la resolución alternativa.
TRABAJO COMUNITARIO Y REPARACIÓN ECONÓMICA PARA EL HOSPITAL U OTRA ENTIDAD DE SALUD PÚBLICA
Lo dispuesto para los 21 afiliados de la obra social comprende reglas de conducta a observar durante un año, que es el lapso por el que queda suspendido el juicio. Esto significa que, en caso de incumplimiento, el mismo podría reanudarse.
Además, se fijó la obligación de completar 96 horas de trabajo comunitario a lo largo del año de vigencia del acuerdo, más la reparación económica ofrecida por la defensa de los involucrados. Esta va desde montos de 400.000 pesos, hasta los 3.000.000 de pesos, dependiendo de la declaración de ingresos presentada por cada uno de los imputados, que deberán completar este aporte destinado al hospital Regional o, eventualmente, a otro centro de salud pública o dependencia similar, según explicaron fuentes del ámbito tribunalicio.
