El gobernador Ignacio Torres envió a Legislatura un proyecto para intervenir el Ente Regulador de Servicios Públicos (ENRE), ante las graves irregularidades detectadas en su funcionamiento, que insume además un alto costo para usuarios de energía de toda la provincia. Tal como anticipó ADNSUR semanas atrás, la decisión de descabezar el organismo surgió al detectar que estaba a punto de realizar una millonaria operación inmobiliaria.
Creado por ley hace 6 años y solventado con millonarios fondos que se recaudan a partir de un porcentaje incluido en las facturas de electricidad de toda la provincia, el organismo salió a la luz pública por tratarse de un despacho buocrático cuyos titulares cobran los sueldos más altos de a provincia, en alrededor de 8 millones de pesos por mes.
Según se lee entre los fundamentos del proyecto de ley de intervención, se apunta a “regularizar el funcionamiento del organismo, considerando que desde su creación no ha cumplido con las funciones, atribuciones y deberes contemplados en el artículo ero de la ley I-Nº96. Se suma a esta situación de incumplimiento de los fines de su creación las irregularidades detectadas por el Tribunal de Cuentas -añade la iniciativa-, en relación con los ejercicios 2022, 2023 y 2024”.
El proyecto prevé la intervención del Ente Regulador durante el lapso de 12 meses. En teoría, el ENRE debe verificar la aplicación de tarifas de servicios públicos uniformes y con criterio técnico en toda la provincia, pero en la práctica esa función no se aplica, al menos en Comodoro Rivadavia, donde hay una superposición de funciones, ya que la ciudad cuenta con un Ente de Control de Servicios Públicos en su propia jurisdicción.
El organismo está integrado por Gustavo Monesterolo, la contadora Gabriela Alicia Calle y el ingeniero Horacio José Camps.
“Se quiso hacer una compra de un inmueble que si algo no necesita en este momento el Estado chubutense es un inmueble, se pueden hacer muchas mejores cosas con ese dinero -había dicho el gobernador, la semana pasada-. Se puede hacer un nuevo esquema, a partir de la creación de la empresa provincial de energía, con un funcionamiento ad honorem”, propuso.
EL ENRE, BAJO LA LUPA POR FALTA DE RESULTADOS Y MANEJO DISCRECIONAL DE FONDOS
Según informó esta agencia en base a fuentes gubernamentales, el Ente Regulador de Servicios Públicos (ENRE) tendría acumulados más de mil millones de pesos en una cuenta sin ejecutar.
El detonante de la decisión de descabezar el organismo habría sido la intención del presidente del ENRE, Gustavo Monesterolo, de avanzar con una costosa operación inmobiliaria. El tema llegó a oídos del gobernador luego de que propietarios de edificios consultaran informalmente si el gabinete estaba al tanto del movimiento. Incluso se comenta que parte de la información fue acercada al mandatario por integrantes del gremio de Luz y Fuerza, sindicato que tuvo participación en la creación del organismo hace seis años y que habría impulsado a Monesterolo para el cargo.
Monesterolo, identificado como un hombre cercano a la conducción regional del gremio y referente de la Fundación Tercer Milenio, es actualmente el principal apuntado por el Ejecutivo provincial. El gobernador Torres evalúa su desplazamiento, mientras se avanza con una auditoría para determinar responsabilidades y posibles acciones adicionales.
De acuerdo a la ley que dio origen al ENRE, entre sus funciones prioritarias se encuentran la elaboración de una Tarifa de Referencia Provincial, la supervisión de la Tarifa Social, el control sobre concesionarios y concedentes, y la intervención en conflictos del sistema de servicios públicos. Sin embargo, a seis años de su creación, no se registran avances significativos en estos frentes. El sistema tarifario en Chubut continúa siendo caótico, y la deuda de las entidades prestatarias se ha profundizado.
A pesar de manejar uno de los presupuestos más altos de la administración pública provincial —y de contar con salarios que figuran entre los más elevados del Estado—, el ENRE opera sin coordinar ni rendir cuentas con regularidad al Ejecutivo.
