La secretaria general de UPCN para la Regional Patagonia Atlántica, María Inés Arribillaga, advirtió en diálogo con ADNSUR sobre la “crítica y grave” situación que atraviesan los organismos nacionales en Chubut a raíz de los despidos impulsados por el Gobierno nacional. La dirigente sindical afirmó que el impacto es profundo, no solo por la pérdida de empleos, sino por el vaciamiento de políticas públicas en la región.
Desde la asunción del gobierno de Javier Milei, según explicó Arribillaga, se registraron cierres de organismos como Desarrollo Social, los Centros de Acceso a la Justicia y Agricultura Familiar, entre otros. “La intención del Estado nacional es retirar todas las políticas públicas del interior del país. El achicamiento del Estado es una decisión tomada, porque directamente no creen en las funciones que cumple el Estado nacional”, sostuvo.
Según estimaciones de UPCN, en la región ya se han perdido una cantidad importante de puestos de trabajo (serían alrededor de 150), aunque la cifra podría ser aún mayor. “Nos están pidiendo una reducción del 30% en cada organismo. Es una cantidad importante de compañeros que se han quedado sin empleo, sin poder llevar el pan a su casa”, subrayó Arribillaga, advirtiendo además que en el contexto actual “no hay alternativa laboral ni en el ámbito privado ni en ningún otro sector”.
SITUACIÓN EN ANSES COMODORO: MALTRATO, PRECARIEDAD Y TEMOR
La situación en la delegación de ANSES en Comodoro Rivadavia fue calificada como “grave”, no sólo por la amenaza de despidos, sino por el clima laboral adverso. Según denunció la dirigente gremial, “la jefa de la UDAI no tiene vocación de diálogo ni reconoce a las organizaciones gremiales como interlocutores válidos”. La referencia fue a Maira Frías, la actual titular del organismo en Comodoro Rivadavia, ex candidata a diputada nacional por La Libertad Avanza.
Arribillaga alertó sobre “situaciones de maltrato y falta de escucha” tanto hacia los trabajadores como hacia los ciudadanos que acuden a la delegación. Además, detalló que muchos empleados trabajan “en condiciones indignas, con baños en mal estado e instalaciones deficientes”, y que “las necesidades de los usuarios tampoco son priorizadas”.
La dirigente gremial apuntó que “muchas veces se culpa al trabajador por las demoras o problemas en la atención, cuando en realidad son consecuencia directa de decisiones políticas. El público termina descargando su frustración con los empleados, que también son víctimas de este desmantelamiento”, remarcó.
“SOLO PEDIMOS DIÁLOGO”
La dirigente reconoció que ha habido “algunos despidos” en Comodoro y Trelew, mientras que han logrado revertir un despido en ciudades como Rawson, mediante presentación judicial, pero temen una nueva ola de cesantías en las próximas semanas. “Es una situación de violencia institucional hacia los compañeros: no solo trabajan en condiciones precarias, sino que también viven con el temor constante de perder su empleo”, advirtió.
La secretaria general enfatizó que el gremio tiene una vocación de diálogo: “No estamos pidiendo otra cosa que poder sentarnos a hablar con las autoridades regionales. Queremos resolver esta situación en paz y que los trabajadores puedan seguir cumpliendo su función sin miedo ni hostigamiento. También estamos dispuestos a escuchar lo que nos quieran plantear las autoridades y llegar a una instancia de diálogo”.
El panorama, según UPCN, es desolador: organismos cerrados, cientos de familias sin sustento y comunidades enteras privadas de servicios esenciales que solo el Estado puede garantizar. “Hay caminos del interior que ninguna empresa privada va a querer arreglar porque no son rentables, pero son fundamentales para los pobladores. Ese es el verdadero problema de querer privatizar todo”, concluyó Arribillaga.
