La escuela secundaria 745 del barrio José Fuchs, en Comodoro Rivadavia, atraviesa horas de tensión. Las amenazas de un posible ataque a tiros dentro del establecimiento encendió las alarmas en los últimos días y volvieron a preocupar a todos esta tarde, luego de que se repitieran las advertencias en las redes sociales.
“Los chicos no hablan de otra cosa. Están movilizados, asustados, preguntan todo el tiempo qué pasó, si se va a hacer algo, si se enteraron los directivos. Y nosotros, como docentes, también estamos preocupados”, relata Jorge Ríos, docente de la escuela.
Según explica Ríos, en estos casos hay un protocolo que establece los pasos a seguir: “Hay una guía jurisdiccional que bajó el Ministerio de Educación de Chubut, que indica cómo debe actuar la escuela ante situaciones límite. La prioridad es contener al estudiante, no exponerlo y garantizarle, en la medida de lo posible, la continuidad pedagógica”.
En relación al caso que afecta a la escuela 745, Ríos comenta: “Parece que hubo una situación de bullying hacia un estudiante, y ese chico reaccionó con una amenaza muy grave. El Ministerio Público Fiscal ya está interviniendo”.
Desde el lunes, el edificio escolar cuenta con custodia de la policía provincial: “Se ve un gran movimiento policial a la entrada y salida de los turnos, tanto por la mañana como por la tarde. Esto no había pasado antes. Es una señal de que la situación es seria”, remarca.
Respecto a cómo se toman las decisiones frente a una amenaza de este tipo, Jorge aclara: “La decisión de suspender clases o evacuar una escuela no la toma el docente. Es competencia del equipo directivo y de la Supervisión de Escuelas. Nosotros podemos manifestar nuestra preocupación, pero no podemos decidir que se vayan todos a casa”.
También suele intervenir el sistema judicial: “Cuando hay una amenaza concreta como en este caso, se da intervención al Ministerio Público Fiscal, que puede decidir medidas adicionales. En su momento también participaba la Policía Comunitaria, pero hoy ya no realiza tareas de relevamiento en los hogares. Esa parte quedó vacía”, explica.
Un aspecto clave del protocolo es la protección de la identidad de los estudiantes involucrados: “La guía jurisdiccional es clara: no se debe exponer al menor. Por eso, me preocupa ver en redes sociales que circulan los nombres. Hay que protegerlos, son chicos, y también son víctimas de un sistema que muchas veces no los contiene”, insiste.
Consultado sobre el estudiante que habría sido blanco de la amenaza, Ríos comenta: “Hoy no está yendo a la escuela, pero me parece que es una decisión de los tutores. La amenaza fue muy explícita y entiendo perfectamente que hayan preferido resguardarlo. No fue una indicación de la escuela, sino una medida familiar”.
Frente a situaciones tan extremas, los docentes quedan muchas veces en un lugar incómodo, entre la preocupación y la falta de herramientas para actuar: “Hay cosas que no nos corresponden. Nosotros damos clases. Pero hoy entramos al aula con chicos que están atravesados por situaciones familiares difíciles, conflictos en redes sociales, violencia entre pares. Y además, tenemos que calmarlos, explicarles, contenerlos. No estamos formados para eso, pero lo hacemos igual, porque nos duele”.
La reflexión final de Jorge deja al descubierto una urgencia que va más allá del aula: “No se trata solo de seguridad o de protocolos. Se trata de poner en el centro al adolescente, entenderlo, acompañarlo. Y eso requiere políticas públicas serias. Hoy estamos solos, tratando de hacer lo mejor posible, pero necesitamos ayuda. La violencia no se frena solo con policías en la puerta”.
