En medio de una estrategia para atraer inversiones y liberar sectores productivos, el Gobierno nacional avanza con una reforma que genera preocupación en materia ambiental. En el discurso oficial, la prioridad está puesta en garantizar “seguridad jurídica” para proyectos estratégicos en minería, energía e infraestructura, con un mensaje claro hacia los mercados: reducir trabas, ampliar márgenes de explotación y acelerar los tiempos de aprobación.
Sin embargo, detrás de esa lógica de desregulación, comienzan a reactivarse tensiones de vieja data entre desarrollo económico y protección de los recursos naturales. Uno de los frentes más sensibles vuelve a estar sobre la mesa: el de los glaciares y las áreas periglaciares, donde los límites ambientales establecidos por ley nacional se interponen a la expansión de actividades extractivas.
En ese contexto, el Ejecutivo prepara un decreto para modificar la reglamentación de la Ley 26.639, que establece los presupuestos mínimos para la preservación de glaciares y su entorno. La reforma, que se trabaja en la Casa Rosada, apunta a reducir las zonas protegidas y habilitar nuevos márgenes de actividad económica en territorios actualmente vedados por razones ambientales.
La nueva normativa apuntará a que solo se consideren protegidas las áreas de escombros o roca activas, siempre que cumplan ciertos requisitos: una superficie mínima de una hectárea, más de dos años de duración, función hídrica comprobada y estar registradas en el Inventario Nacional de Glaciares.
Esto habilitaría la instalación de industrias, la exploración minera e hidrocarburífera, el uso de productos químicos y obras de infraestructura, siempre que no estén sobre glaciares cubiertos o descubiertos, que seguirían bajo el régimen de protección vigente.
La medida está siendo trabajada por el Ministerio de Economía, que lidera Luis Caputo, junto con la Secretaría de Energía (María Tettamanti), la Coordinación de Energía y Minería (Daniel González), y la Secretaría Legal y Técnica (María Ibarzabal).
También se analiza una mayor participación de las provincias en la definición de usos del suelo en zonas cordilleranas, algo que podría profundizar el debate federal sobre la gestión ambiental.
El oficialismo ya había intentado avanzar con estas reformas a través de la Ley Bases sancionada en 2024, pero los cambios vinculados a glaciares fueron retirados del texto final por falta de apoyo legislativo. El capítulo incluía además habilitaciones para la explotación forestal y modificaciones en el Fondo de Bosques, que luego fueron eliminadas.
En febrero de ese año, la iniciativa provocó una advertencia de la ONU firmada por cinco relatores de derechos humanos. El organismo advirtió que los cambios podrían ser “regresivos” y afectar el trabajo de defensores ambientales y el derecho a un entorno sano.
Con información de TN, redactada y editada por un periodista de ADNSUR
