El gobernador del Chubut manifestó su firme compromiso con la lucha contra la corrupción tras la presentación realizada ante el Superior Tribunal de Justicia para el decomiso de bienes adquiridos de manera ilegítima por el ex presidente de Lotería del Chubut, Carlos Barbato, y su esposa Graciela Perrone, durante el período 2016-2019. Ambos fueron condenados en 2023 por enriquecimiento ilícito tras una exhaustiva investigación que comprobó un incremento patrimonial desmedido e injustificado.
“Vamos a seguir combatiendo la corrupción que durante tanto tiempo afectó el funcionamiento de las instituciones democráticas, perjudicando al Estado y, en definitiva a la ciudadanía, que hoy es testigo de un verdadero acto de Justicia”, expresó el Gobernador.
La demanda de extinción de dominio fue presentada por el fiscal de Estado, Andrés Meiszner, y su adjunto, Christian Martínez, en el marco de la Ley XIII N° 28 sancionada durante la actual gestión, que establece el Régimen Procesal de la Acción Civil de Extinción de Dominio con el objetivo de recuperar bienes adquiridos a través de delitos tipificados en el régimen procesal, especialmente hechos de corrupción.
La acción judicial está dirigida contra Carlos Barbato, quien presidió el Instituto de Asistencia Social (IAS) Lotería del Chubut entre 2016 y 2019, y su esposa Graciela Perrone. En 2023, Barbato fue condenado a tres años de prisión condicional por enriquecimiento ilícito como funcionario público, mientras que Perrone recibió una condena de dos años en carácter de interpósita persona.
La extinción de dominio incluye diversos bienes adquiridos durante el mandato de Barbato, entre ellos una vivienda de dos plantas con quincho de 200 m² en Playa Unión, Rawson; dos camionetas pickup; un vehículo de alta gama marca BMW; y un vehículo todoterreno UTV marca Artic Cat, modelo Trail T.
La demanda solicita que “se declare la extinción del dominio sobre dichos bienes sin contraprestación ni compensación alguna a favor de los demandados, así como de sus frutos y productos, y se ordene el cambio de titularidad en favor del Estado Provincial”, imponiendo además las costas judiciales a Barbato y Perrone.
En declaraciones sobre la presentación, el gobernador destacó que “tal como lo dijimos cuando impulsamos el proyecto de ley que hoy es norma en nuestra provincia, a diferencia de lo que ocurrió durante muchos años, en Chubut hoy el crimen no rinde beneficios, y este gobierno está comprometido en recuperar los bienes adquiridos ilegítimamente, trasladándolos al dominio del Estado; es decir, regresándolo a los chubutenses”.
Agregó que la implementación de la Ley de Extinción de Dominio y esta primera demanda contra un ex funcionario público “es una decisión política que apunta a seguir construyendo una provincia más justa y transparente, combatiendo la corrupción que durante tanto tiempo afectó el funcionamiento de las instituciones democráticas, perjudicando al Estado y, en definitiva a la ciudadanía, que hoy es testigo de un verdadero acto de Justicia”.
La investigación realizada por la Unidad Fiscal Especializada en Delitos contra la Administración Pública confirmó que durante su gestión, Barbato incrementó su patrimonio significativamente, sin justificar dicho aumento con sus ingresos legales. Según la demanda, “Barbato no contó con ningún otro ingreso que no sea su sueldo proveniente de la administración pública, y su pareja, Perrone, se desempeñó en su rol de ‘Ama de Casa’, no percibiendo ningún tipo de emolumento que nutriera el patrimonio de ambos” hasta 2019, cuando Perrone comenzó a trabajar en la administración pública provincial.
Entre los bienes adquiridos que figuran en la demanda se encuentran varios vehículos de alta gama: un Ford Mondeo cero kilómetro adquirido en abril de 2016; un Ford Fiesta cero kilómetro en agosto del mismo año; dos cuatriciclos marca Gamma y Can-Am facturados a nombre de Perrone en octubre de 2016; una camioneta Ford Kuga cero kilómetro en abril de 2017; una pickup Chevrolet S10 en julio de 2017; un automóvil Audi A1 adquirido con parte de pago de un cuatriciclo Can-Am en verano de 2018; un vehículo todoterreno UTV Artic Cat en febrero de 2019; y una camioneta Nissan Murano en abril de 2019.
También destaca la compra y construcción de una vivienda de dos plantas, con tres dormitorios y quincho, en un lote de 300 m² en Playa Unión, incorporado al patrimonio del matrimonio en 2017.
La demanda está enmarcada en los artículos 264 a 268 del Código Penal, que sancionan delitos cometidos por funcionarios públicos, en especial aquellos vinculados con corrupción y abuso de poder. En particular, el Artículo 264 castiga “al funcionario público que, por acto o por omisión, realice, retrase o deje de realizar algo que sea de su deber, a cambio de dinero o dádivas”; el Artículo 265 sanciona “al funcionario público que, directamente o a través de interpósita persona, se interese económicamente en contratos u operaciones en los que intervenga por su cargo”; el Artículo 266 penaliza “al funcionario público que exija o reciba dinero o dádivas en forma indebida, en ocasión de su cargo”.
Asimismo, el Artículo 267 castiga “el enriquecimiento ilícito del funcionario público, es decir, cuando se verifica un aumento patrimonial injustificado”, y el Artículo 268 sanciona “al funcionario público que utilice información reservada de su cargo para obtener un beneficio personal o para terceros”.
Gacetilla de información del Gobierno del Chubut, con edición de un periodista de ADNSUR
