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Coimas y robo de vacunas en el Hospital Regional: declaran culpables a la enfermera y al sindicalista

 El Tribunal Oral Federal de Comodoro Rivadavia emitió este viernes 6 de junio el veredicto de pena en el juicio iniciado semanas atrás, que involucraba a afiliados de la obra social de Camioneros y enfermeras del hospital Regional, por el hurto de 30 dosis de vacunas contra el COVID 19, en enero de 2021.

La enfermera Analía Muñoz fue declarada penalmente responsable del delito de hurto, en concurso real con el delito de Cohecho pasivo, por lo que se le impuso una pena, por mayoría del tribunal, de 3 años de prisión en suspensión, además de inhabilitación especial perpetua para ocupar cargos públicos y las costas del proceso. Además, debe afrontar una serie de reglas de conducta, con presentaciones trimestrales, entre otras.

Marcos Paura, colaborador de la obra social del sindicato, fue declarado penalmente responsable por el delito de cohecho activo (el que entrega el dinero para que un funcionario deje de observar los deberes a su cargo), por lo que se le impuso una pena de 2 años y 6 meses de prisión en suspenso, además de normas de conducta por el lapso de dos años.

La condicionalidad de la pena implica que en caso de cometer nuevos delitos, la misma deberá empezar a cumplirse con la modalidad de prisión efectiva.

UNA ENFERMERA ABSUELTA

La otra enfermera que había llegado a juicio, identificada como Vanesa Torres, resultó absuelta por el principio de incongruencia.

Según explicaron fuentes judiciales ante la consulta de ADNSUR, esto se debió a que e fiscal la había llevado al proceso bajo la imputación del delito de “encubrimiento”, que es una acción posterior al hecho cometido.

Sin embargo, al momento de los alegatos, el acusador la terminó imputando también como “partícipe necesaria” del hurto, lo que vulneró su derecho de defensa, al no haberse podido defender durante el juicio de esa acusación.

Los fundamentos del veredicto serán leídos el próximo 13 de junio. Por otro lado, hay que recordar que otros 21 imputados, pertenecientes a la obra social de Camioneros, ya habían obtenido el beneficio de la suspensión del juicio a prueba.