La paralización de la pesca de langostino en aguas nacionales, con 113 barcos tangoneros amarrados en los muelles y más de US$ 200 millones perdidos, dejó de ser un conflicto que impide el desarrollo normal de la actividad en el mar para trasladarse a las calles y rutas de Puerto Madryn.
Durante la última semana hubo cortes de ruta y movilizaciones encabezadas por familiares de marineros. Mientras tanto, se mantienen los dos acampes de trabajadores del Sindicato de Obreros Marítimos Unidos (SOMU): uno organizado por la conducción del sindicato y otro por agrupaciones que están distanciadas de la cúpula gremial. Son manifestaciones de una situación que, coinciden todos los sectores, no tiene margen para extenderse.
La presión ejercida por los gobernadores de Chubut y Santa Cruz, Ignacio Torres y Claudio Vidal, obligó a las autoridades nacionales a convocar a una reunión. El encuentro se realizó este viernes en la Secretaría de Trabajo y contó con la presencia de los mandatarios provinciales, el intendente de Puerto Madryn, Gustavo Sastre; el de Puerto Deseado, Juan Raúl Martínez; y representantes gremiales.
Desde el Gobierno de Chubut informaron que las autoridades nacionales se comprometieron a realizar un nuevo encuentro para el martes, con la presencia de representantes de las cámaras empresarias, para “avanzar en medidas de alivio fiscal” que permitan destrabar el conflicto y lograr que los barcos comiencen a navegar.
“El martes se define cuándo se sale a pescar”, afirmó Torres tras la reunión, en diálogo con LN+.
Ese optimismo generó sorpresa entre empresarios que hasta ese momento no habían sido notificados de la convocatoria.
RENTABILIDAD NEGATIVA Y UNA ESTRUCTURA DE COSTOS INVIABLE
La postura del sector empresario es clara: afirman que con la estructura de costos actual no pueden salir a pescar. Un informe elaborado por la Cámara de Armadores Pesqueros y Congeladores de la Argentina (CAPIP) detalla que durante 2024 el costo total por tonelada de langostino fue de US$ 6.741, mientras que los ingresos por cada una de esas toneladas fue de US$ 5.802. Esa diferencia provoca una rentabilidad negativa en dólares del 16,2 %.
La crisis del sector, explican, está vinculada con diferentes aspectos. Por un lado, el derrumbe del mercado internacional, donde la competencia directa del langostino de cultivo Vannamei ha contribuido a la fluctuación de los precios del langostino salvaje. A eso se le suman cambios en los hábitos de consumo globales a partir de la pandemia, que generaron una caída notable en las ventas.
En lo que respecta al ámbito local, desde CAPIP señalan dos puntos clave: el retraso en el tipo de cambio del dólar de exportación, las retenciones, el incremento de los Derechos Únicos de Extracción (DUE), la existencia de impuestos distorsivos y aumentos excesivos en las tasas municipales.
El segundo ítem es el que genera más conflicto y tensa la discusión con los gremios: los costos laborales. El informe de CAPIP señala que entre febrero y diciembre de 2024 el salario básico de navegación subió 95 % en dólares, mientras que el Salario Mínimo Vital y Móvil aumentó un 23 % en esa misma moneda.
“Las condiciones laborales convencionales representan el 60 % del costo total de producción”, señala la denuncia parcial del Convenio Colectivo de Trabajo presentada hace una semana por las cámaras ante la Secretaría de Trabajo.
En esa presentación, los empresarios apuntaron contra los artículos del convenio que fijan los valores de referencia para la producción del langostino, lo que determina el dinero que recibe cada marinero según la cantidad de toneladas pescadas. Entre sus argumentos, explican que esos precios fueron fijados en 2005, cuando la tonelada de langostino se vendía en más de US$ 12.000, contra los menos de US$ 6.000 actuales.
“Todos tenemos que hacer un esfuerzo para que esta actividad siga funcionando. Cuando vemos valores mensuales, son cuestiones remuneradas de más de $14 millones y esto iría a un 15 % menor, sería entre $11 millones y un poco más. Estamos hablando de salarios muy altos y hasta a veces es imprudente hablar de esto cuando no funciona la UOCRA y en el petróleo hay un montón de problemas y están cesanteando a un montón de gente”, afirmó Agustín de la Fuente, presidente de CAPIP, esta semana en diálogo con LU20.
ACAMPES, MARCHAS Y UNA TENSIÓN QUE YA SE SIENTE EN LAS CALLES
En los últimos días, el conflicto comenzó a verse reflejado en la vida cotidiana de Puerto Madryn. Afiliados del SOMU, el sindicato que nuclea al 40 % de los 5.000 trabajadores que emplea la actividad, realizaron cortes intermitentes en la Ruta 1 y en la Ruta 3.
También se manifestaron en el centro de la ciudad, donde este jueves se concentraron familiares de los marineros, con presencia de mujeres y niños que se ven afectados por la falta de ingresos en sus hogares. Solo los trabajadores efectivos, cerca del 30 % del total, están cobrando un salario básico de $450.000 y mantienen su obra social.
“No vamos a encontrar una salida si no se flexibilizan posturas y si no se busca un acuerdo. La gente necesita trabajar, no tiene más recursos”, remarcó el intendente Sastre, quien recibió a los familiares.
El sindicato no acepta modificaciones en el Convenio Colectivo. “Están encarnizados con el convenio colectivo. Nosotros les estamos planteando buscar una solución alternativa. ¿Estás perdiendo el 30 %? Vamos por el 30% del Gobierno nacional. Es necesario que haga su aporte, como hizo con el campo, que sacó las retenciones, o el combustible, algo. La variable no puede ser el trabajador”, afirmó César Zapata, dirigente de la seccional Puerto Madryn del SOMU, en diálogo con ADNSUR.
El sector que lidera, alineado a la conducción nacional del gremio, está realizando un acampe frente a las plantas pesqueras. A unos diez kilómetros de allí, en la rotonda del acceso sur de Madryn, otro grupo de marineros improvisó una casilla de madera y lonas en la que se mantiene firme desde hace 20 días.
Son parte de la agrupación 10 de Julio, distanciada de la conducción oficial. Dicen que se cansaron de la “pasividad” del sindicato y resolvieron quedarse en ese lugar hasta tener una respuesta. Afirman que la situación es crítica, con compañeros que se quedaron en la calle por no poder pagar el alquiler.
Durante la semana hicieron cortes sobre la Ruta 3, donde dejaban pasar autos cada unos 20 minutos. Aunque admiten que recibieron quejas de algunos automovilistas, dicen que la mayoría les mostró su apoyo. “Esta situación ya no afecta solo a los marineros, sino a toda la ciudad, porque nosotros con lo que cobramos compramos la comida para nuestros hijos y las cosas que necesitamos para vivir. Los comerciantes no están vendiendo. Todo se frena”, explican a ADNSUR mientras se acomodan alrededor de un fuego que lleva casi tres semanas prendido.
El parate también impacta en otros sectores vinculados directamente a la pesca, como quienes trabajan en la estiba, y en quienes alquilan sus propiedades a los marineros que vienen desde el norte del país, especialmente de Corrientes. Todos esos desajustes en la microeconomía tienen su correlato en la macro: dentro del sector pesquero, Chubut representa el 30 % de las exportaciones totales del país, en una actividad que genera alrededor de 2.000 millones de dólares por año.
Mientras comparten unos mates que intentan combatir el viento helado de la mañana, los marineros afirman que los sueldos de los que se habla no son reales. “Hablan de salarios brutos, sin los descuentos, y toman como referencia a quienes trabajan en barcos que pescan 320 toneladas, cuando esa no es la situación de la mayoría. Muchos lo hacemos en barcos viejos, de 80 toneladas. Ahí un marinero no pasa de los $2,6 millones en mano”, cuenta Javier, con más de 20 años en la actividad.
También plantean los peligros y las dificultades de una actividad que demanda un gran esfuerzo físico. “Se trabaja 12 horas seguidas, con un frío que te duerme las manos y olas de 10 metros que te empapan y te hacen estar todo el tiempo mojado. Pescamos el langostino y lo congelamos ahí mismo, por lo que ya sale listo para vender”, explica Raúl, quien durante la pandemia llegó a pasar 90 días sin tocar tierra.
“Uno deja la vida a cambio de un bienestar para nuestra familia. No podemos permitir que nos quieran modificar el convenio de trabajo. La paz de ellos es el sueldo de nosotros”, agrega Jorge, mientras se encarga de juntar leña para mantener vivo el fuego. “Yo tendría que estar pescando, que es lo que sé hacer. En cambio, me la paso recorriendo basurales para juntar madera. La paciencia se está terminando”, concluye.
