La Corte Suprema de Justicia de la Nación rechazó este martes los recursos extraordinarios presentados por la defensa de Cristina Fernández de Kirchner y dejó firme su condena por administración fraudulenta en la causa conocida como “Vialidad”. El fallo confirma así la sentencia dictada en diciembre de 2022 por el Tribunal Oral Federal N°2, centrada en el direccionamiento de obras públicas viales a favor del empresario Lázaro Báez en la provincia de Santa Cruz, durante los gobiernos kirchneristas.
La decisión del máximo tribunal ratifica una pena de 6 años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos. Así, si bien la privación de libertad podría cumplirla en su domicilio, por razones de edad, Cristina Fernández no podrá participar de las próximas elecciones ni de ninguna otra contienda electoral en su vida, salvo que un tribunal internacional revise el pronunciamiento judicial.
LA RUTA DE NUNCA ACABAR
Más allá de los datos que interesan a la política nacional, vale recordar que una de las obras que formaron parte de la causa judicial se vincula a la ruta 3 y su vínculo entre el norte de Santa Cruz y el sur de Chubut, iniciada en el año 2006, con largos períodos de paralización, como el iniciado hace casi 2 años y con una gran incertidumbre sobre su conclusión.
Así, la causa que termina condenando a la expresidenta termina vinculándose al origen de su poder en la provincia que vio nacer su poder y proyección nacional, a partir del vínculo con un empresario que acompañó al matrimonio Kirchner en su ascenso y caída.
Cuando Mauricio Macri asumió a fines de 2015, una de las primeras decisiones de su gobierno, al año siguiente, fue rescindir el contrato de la obra que estaba en poder de Lázaro Báez. Convocó por entonces a una nueva licitación, que fue adjudicada a la empresa CPC, de Cristóbal López. Sin embargo, a poco de iniciarse los trabajos, el temporal de 2017 volvió a paralizar el proyecto, iniciándose un proceso que derivó en la nueva rescisión del contrato.
En septiembre de 2021, el gobierno de Alberto Fernández volvió a licitar la obra, en la que resultó ganadora la empresa CPC para el tramo correspondiente al territorio santacruceño y la firma Rigel para los 24 kilómetros de ruta entre Rada Tilly y un paraje algo más al sur de Ramón Santos.
Luego de algunos avances, la obra volvió a paralizarse dos años después, por falta de fondos y ante el descalce de precios debido a la inflación desatada e 2023, mientras que a fines de ese año formó parte de la paralización anunciada por el presidente Javier Milei para toda la obra pública. El proyecto no supera el 50% de ejecución, según confiaron fuentes del ámbito empresario, al estimar que en cada tramo de la obra (Santa Cruz y Chubut) hay entre 25 y 30% de avance, a casi 20 años de su puesta en marcha.
SANTA CRUZ: UN LABORATORIO DE PODER Y NEGOCIOS
La provincia de Santa Cruz funcionó como escenario central del entramado investigado. Durante más de una década, las obras viales financiadas por el Estado nacional sirvieron como eje para el presunto desvío de fondos públicos. En ese período, Austral Construcciones pasó de ser una empresa sin experiencia en el rubro a convertirse en el principal contratista de Vialidad en Santa Cruz.
El fiscal del caso recordó que Lázaro Báez era hasta el año 2003 un empleado bancario y constituyó la empresa pocos días antes de la asunción de Néstor Kirchner.
Entre los elementos centrales del fallo están los vínculos personales y comerciales entre los Kirchner y Báez. La justicia dio por probado que existió una relación de mutuo beneficio: mientras Báez recibía contratos y pagos anticipados por obras inconclusas, parte de esos fondos retornaban al entorno de la expresidenta a través de alquileres de hoteles y negocios inmobiliarios administrados por la familia Kirchner.
Aun con el fallecimiento del expresidente en 2010, el vínculo de acuerdos de negocios se mantuvo hasta 2015, según la sentencia, al considerar que hubo acuerdos en la etapa final del gobierno de Cristina Fernández ese año, para abonar al empresario más de 500 millones de pesos en ese momento, pese a que la gran mayoría de las obras estaba inconclusa.
EL CORAZÓN DE LA CAUSA: 51 OBRAS Y UNA MATRIZ DE CORRUPCIÓN
La acusación que derivó en la condena se basó en la adjudicación de 51 obras viales a la empresa Austral Construcciones S.A., propiedad de Báez, entre 2003 y 2015. El Tribunal concluyó que hubo una “estructura de corrupción estatal” que permitió beneficiar sistemáticamente al empresario santacruceño, amigo personal del fallecido ex presidente Néstor Kirchner.
Según los argumentos de los jueces de los tribunales que intervinieron al dictar sentencia, se creó un circuito de privilegios que operó desde el Estado nacional, a través del Ministerio de Planificación y la Dirección Nacional de Vialidad, hacia el distrito 23° de Vialidad en Santa Cruz, para garantizar la asignación de obras a Báez, muchas de las cuales no se concluyeron o presentaron sobreprecios millonarios.
La Corte no revisó la prueba ni los hechos, sino que desestimó por “inadmisibles” los recursos extraordinarios, respaldando así la decisión del tribunal oral que consideró a Fernández de Kirchner como jefa de una asociación ilícita en el marco de una maniobra de defraudación al Estado. Si bien ese cargo no fue sostenido en la condena —el tribunal no logró la unanimidad necesaria para imputarla como jefa de asociación ilícita— sí fue hallada culpable por administración fraudulenta agravada.
Además de la ruta 3 en el tramo mencionado, hubo otra serie de proyectos concentrados en Santa Cruz, que también tuvieron epicentro en la ruta 40 y otras de índole provincial, en la mayoría de las cuales se iniciaron obras y no concluyeron. La sentencia dio por probado que la defraudación al Estado nacionl superó los 80.000 millones de pesos, a valores de diciembre de 2022.
