El Gobierno nacional apelará el fallo que suspendió los efectos del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 475/2024, que eliminaba el feriado del 27 de junio, instituido como el Día del Trabajador del Estado. La decisión judicial fue dictada por la jueza Moira Fullana, del Juzgado Nacional de Primera Instancia del Trabajo N° 41, tras una presentación de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE).
La medida cautelar tiene alcance únicamente para los empleados públicos representados por ATE. Según el dictamen judicial, la eliminación del feriado podría afectar derechos laborales colectivos reconocidos por normativas vigentes, en particular la Ley 26.876, que establece la fecha como no laborable para los agentes de la administración pública nacional.
En su resolución, la jueza argumentó que, ante la inminencia del 27 de junio y la imposibilidad de resolver la cuestión de fondo con celeridad, correspondía dictar una medida provisoria. El objetivo, según explicó, era evitar un posible perjuicio irreparable para los trabajadores alcanzados por la norma, mientras se sustancia el proceso judicial.
La decisión judicial generó una inmediata reacción del Poder Ejecutivo. El vocero presidencial, Manuel Adorni, comunicó a través de sus redes sociales que el Gobierno apelará el fallo con el objetivo de “asegurar la eliminación de todo beneficio o prerrogativa de una casta por encima del pueblo”. También cuestionó a la jueza Fullana por la celeridad del fallo y sostuvo que hubo errores en la formulación de la medida.
Desde la Secretaría Legal y Técnica y la Jefatura de Gabinete confirmaron que la apelación será presentada de forma inmediata ante la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, tribunal que deberá resolver la validez o no de la cautelar que suspendió los efectos del DNU.
Por su parte, ATE celebró la resolución judicial. El secretario general del sindicato, Rodolfo Aguiar, expresó que el fallo representa el reconocimiento de derechos laborales adquiridos y defendió el feriado como una “conquista histórica” de los trabajadores del Estado. Aguiar también consideró que la intervención del Poder Judicial fue necesaria ante lo que calificó como un intento del Ejecutivo de modificar condiciones laborales sin debate.
El conflicto se inscribe en una serie de medidas impulsadas por el Gobierno nacional para revisar el régimen laboral del sector público, entre ellas la modificación del calendario de feriados mediante decretos. El caso también reabre el debate sobre los límites de las decisiones unilaterales del Ejecutivo respecto de los convenios colectivos en el ámbito estatal.
Hasta que se expida la Cámara, el feriado del 27 de junio seguirá vigente únicamente para los empleados públicos representados por ATE. El resto de los trabajadores estatales no están alcanzados por la medida cautelar.
