El Gobierno avanza con una iniciativa legislativa que busca modificar la Ley Penal Tributaria y de Procedimiento Fiscal para actualizar los montos a partir de los cuales la evasión fiscal se considera delito. Firmado por el presidente y el jefe de Gabinete, el proyecto fue enviado al Congreso mediante un sistema electrónico, en un contexto donde la lucha contra la informalidad y la evasión continúa siendo un desafío para las finanzas públicas.
El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, confirmó que el objetivo es movilizar los ahorros que fueron adquiridos en el mercado informal y otorgar garantías para los llamados “dólares del colchón”. Mientras tanto, el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, todavía no oficializó el ingreso del proyecto en los registros legislativos.
CUÁLES SON LOS CAMBIOS DESTACADOS
El proyecto eleva el monto a partir del cual la evasión tributaria se considera delito, pasando de $1.500.000 a $100.000.000, manteniendo penas de dos a seis años para quienes cometan esta infracción. En cuanto a la evasión agravada, el nuevo límite es de $1.000 millones, con penas que oscilan entre tres y nueve años de prisión.
Otra modificación importante es la reducción del plazo de prescripción penal para delitos tributarios, que pasaría de cinco a tres años. Esta reducción aplicaría a casos en que el contribuyente haya cumplido con la presentación en término de su declaración jurada y la diferencia entre lo declarado y lo omitido no sea elevada.
Asimismo, el proyecto busca fomentar la regularización voluntaria de contribuyentes que no hayan declarado parte de sus ingresos. Sin embargo, no contempla cambios en la Ley de Prevención del Lavado de Activos ni en las funciones de la Unidad de Información Financiera (UIF).
Tampoco incluye modificaciones a la Ley Penal Cambiaria, que penaliza la compra de moneda extranjera en el mercado informal, una decisión que se tomó para no afectar la liquidación de exportaciones ni la estabilidad del programa económico.
Por otra parte, el oficialismo confía en conseguir los votos necesarios en Diputados y Senado, especialmente con el respaldo de legisladores alineados con gobernadores aliados. Hasta ahora, trece mandatarios provinciales firmaron la adhesión al nuevo régimen de información fiscal, incluyendo a Alberto Weretilneck (Río Negro), Rolando Figueroa (Neuquén), Marcelo Orrego (San Juan) y otros.
Con información de TN, redactada y editada por un periodista de ADNSUR
