El juez penal Jorge Odorisio dictó prisión preventiva por un mes para Hugo Fabián Severo Torres, un conocido delincuente reincidente de la provincia de Chubut, quien había sido declarado en rebeldía tras incumplir la medida de arresto domiciliario que se le había impuesto.
Esta decisión se tomó luego de que Torres fuera detenido el pasado fin de semana en una vivienda del barrio INTA de Trelew, tras permanecer prófugo durante más de diez días.
Severo Torres cuenta con un extenso historial delictivo, acumulando más de 18 causas judiciales por hurtos, robos y estafas, además de una condena previa de cinco meses de prisión efectiva y la declaración de reincidencia en una causa tramitada en Puerto Madryn en abril de 2023.
En el caso actual, está acusado por un hecho ocurrido el 14 de agosto de 2024, calificado como hurto agravado por el uso de un instrumento semejante a llave verdadera, en concurso real y en calidad de partícipe necesario. El proceso se encontraba en la etapa de juicio abreviado, con un acuerdo para imponerle una pena de 1 año y 3 meses de prisión efectiva.
EL INCUMPLIMIENTO DEL ARRESTO DOMICILIARIO Y LA FUGA
El caso de Severo Torres volvió a poner en evidencia las dificultades del sistema judicial y de seguridad en Chubut. Inicialmente, Torres cumplía prisión domiciliaria con monitoreo mediante tobillera electrónica. Sin embargo, en una primera fuga, rompió el dispositivo y escapó para cometer un nuevo robo.
A pesar de esto, la jueza Lilian Bórquez le permitió continuar el arresto domiciliario bajo palabra de honor, sin custodia ni tobillera, una decisión cuestionada por fuentes del gobierno y autoridades de seguridad que consideraban que Torres debería estar en prisión común.
La falta de supervisión y la ausencia de un dispositivo electrónico se debieron a la inutilización de la tobillera tras el daño causado por Torres, lo que también redujo la disponibilidad de estos equipos en la zona. Esta situación generó un conflicto entre el Poder Judicial y el Ministerio de Seguridad, que no pudo proveer un nuevo dispositivo ni garantizar la custodia necesaria para evitar nuevas fugas.
Tras la segunda fuga y recaptura de Severo Torres, el juez Odorisio declaró legal su detención y dispuso la prisión preventiva por un mes o hasta que la sentencia del juicio abreviado quede firme. En la audiencia de control de detención estuvieron presentes el Fiscal General Dr. Martín Cárcamo y la abogada adjunta de la Defensa Pública, Dra. Luciana Risso, quien representó al detenido, que anteriormente había contado con patrocinio de abogados particulares.
El fiscal Cárcamo había solicitado una audiencia de revisión para determinar la situación de Torres luego de su primera fuga, y en esa instancia se decidió mantener el arresto domiciliario con rondines sorpresivos como forma de monitoreo, dada la imposibilidad de colocar una nueva tobillera electrónica. Esta resolución fue respaldada por los jueces Martín Cosmaro y José Luis Ennis, en acuerdo con la defensa de Torres.
