
Productores del sur del país denuncian un “golpe al estatus sanitario” y acusan al Gobierno Nacional de avanzar sin consulta previa
El conflicto por la flexibilización de la histórica barrera sanitaria de la Patagonia escaló este viernes al ámbito judicial. La Federación de Sociedades Rurales de Río Negro presentó un recurso administrativo ante Senasa y una acción de amparo ante la Justicia federal para frenar la implementación de la Resolución 460, que habilita el ingreso de carne con hueso plano –como el tradicional asado– desde zonas con vacunación contra la fiebre aftosa.
La medida oficial fue recibida con alivio por el sector ganadero de La Pampa, pero encendió alarmas en el sur, donde productores y entidades rurales consideran que pone en riesgo el estatus diferencial de la región, reconocida como libre de fiebre aftosa sin vacunación desde hace más de dos décadas.
“Es un retroceso sanitario y un golpe al trabajo de 20 años”, expresó Leandro Balerini, presidente de la Sociedad Rural de Bariloche, quien aseguró que la resolución fue emitida “sin consulta previa”. Desde Chubut, Santa Cruz y otras zonas de Río Negro se replicaron críticas similares.
Riesgo sanitario y reclamo de consulta previa
El presidente de la Sociedad Rural de General Conesa, Roberto Gutiérrez, confirmó que además del amparo judicial, se analiza la adhesión de otras regiones del sur bonaerense, como Patagones y Villarino, a la presentación. “Esta resolución se tomó sin escuchar a los actores productivos. No puede aplicarse sin debate técnico y político”, sostuvo.
Desde Chubut, el titular de la Federación de Sociedades Rurales, Osvaldo Luján, cuestionó que el Gobierno nacional incumpliera el compromiso de debatir el tema con provincias y entidades antes de avanzar: “Se había prorrogado la medida hasta agosto y de un día para otro nos notificaron que ya estaba habilitada. Nos enteramos por los medios”.
Los dirigentes rurales sostienen que el ingreso legal de carne desde zonas con vacunación abre la puerta a un riesgo sanitario innecesario. “Si se pierde el estatus, se cierran mercados internacionales y podríamos vernos obligados a vacunar de nuevo, lo que implicaría retroceder décadas en sanidad animal”, advirtió Luján.
Desde Río Gallegos, Enrique Jamieson, de la Sociedad Rural local, también cuestionó la medida: “En vez de avanzar hacia una Argentina libre de aftosa sin vacunación, optaron por arrastrar a la Patagonia hacia un estándar más bajo, privilegiando intereses económicos sobre una política sanitaria histórica”.
En La Pampa celebran la medida
En contraste, desde La Pampa, el cambio fue celebrado por el Gobierno y el sector ganadero, que ven en la medida una oportunidad comercial largamente esperada. “El asado pampeano ya cruzaba de forma ilegal. Legalizarlo mejora la trazabilidad y fortalece la economía regional”, dijeron fuentes del sector frigorífico.
El argumento central: más del 65% de la carne que se consume en la Patagonia ya proviene del norte, con lo cual la apertura, aseguran, no compromete la salud animal.
La tensión crece entre las regiones productivas del país y ahora será la Justicia quien deba intervenir. En juego no solo está la seguridad sanitaria de la Patagonia, sino también el modelo federal de desarrollo y la confianza en las políticas de Estado construidas durante más de 20 años.
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