La justicia investiga a una banda que, bajo la modalidad de sextorsión, habría recaudado más de $ 60 millones en un año. La jueza de garantías Eve Ponce formalizó la apertura de la investigación contra 25 personas, tras el pedido de la Unidad Fiscal Especializada en Cibercrimen y Ciberdelito que dirige el fiscal general Fernando Rivarola.
La organización, según la acusación, operaba desde el Instituto Penitenciario Provincial (IPP) de Trelew. Tres internos lideraban las maniobras utilizando celulares y chips ingresados clandestinamente al penal. El esquema, que comenzó a operar antes de octubre de 2023, incluía la colaboración de personas en libertad, quienes recibían el dinero transferido por las víctimas y lo redistribuían rápidamente a través de cuentas bancarias y billeteras virtuales.
La investigación, que ya lleva más de un año, documentó 12 casos puntuales. En uno de los hechos más graves, la víctima transfirió más de $ 38 millones, mientras que otro damnificado entregó más de $ 5,8 millones.
Las víctimas eran contactadas mediante perfiles falsos en redes sociales como Facebook, WhatsApp o Messenger. Una vez obtenidas fotos íntimas o de contenido sexual, los extorsionadores amenazaban con difundirlas o iniciar acciones judiciales ficticias, utilizando incluso documentación fraguada con nombres de fiscales y jueces conocidos para intimidar a los damnificados. En varios casos, las extorsiones continuaban incluso después de recibir los pagos.
El ardid también incluyó la venta de productos ficticios en plataformas como Facebook Marketplace, donde los internos se hacían pasar por vendedores de casillas rodantes y bicicletas, logrando estafas por señas y pagos anticipados que nunca se concretaban.
La audiencia de apertura de investigación se llevó a cabo con la presencia del fiscal general Fernando Rivarola y su equipo, compuesto por Vanesa Pérez y el ingeniero informático Germán Flores, junto a Soledad Pérez de la Asesoría de Familia.
Mientras algunos imputados siguieron la audiencia de manera presencial en la Oficina Judicial de Rawson o a través de Zoom desde diferentes ciudades como Puerto Madryn, Trelew y Comodoro Rivadavia, otros no se presentaron ni fueron notificados. Para estos últimos, se pidió la compulsa por la fuerza pública a fin de garantizar su comparecencia en una nueva audiencia prevista para este miércoles.
Los defensores de los acusados no se opusieron a la apertura de la investigación. Los hechos fueron calificados provisoriamente como asociación ilícita, extorsión y estafa, algunos en grado de tentativa. El avance de la investigación podría sumar más víctimas y aumentar la cifra millonaria recaudada mediante esta red de sextorsión coordinada desde el IPP.
