El gobierno anunció la privatización de Intercargo, la empresa dedicada a brindar el servicio de rampas y traslados de equipajes en los aeropuertos, a mediados de marzo de este año.
El decreto 198/2025, publicado el martes 18 de marzo, autorizó el procedimiento para la privatización total de INTERCARGO S.A.U. De esta manera, se aprobó la venta del 100 por ciento de las acciones de la empresa, marcando el inicio de una licitación pública a nivel nacional e internacional para transferir la titularidad de la firma.
Este lunes 28 de julio se conoció que se inició formalmente el proceso de privatización de Intercargo, a través de la Resolución 1067/2025, firmada por el ministro de Economía, Luis Caputo, y publicada en el Boletín Oficial.
Según detalla la resolución, la Secretaría de Transporte deberá avanzar en la actualización del inventario de bienes tangibles e intangibles de Intercargo, paso clave para su valuación de mercado, y gestionar la rescisión por mutuo acuerdo del contrato de concesión vigente desde 1990. Este contrato le otorgaba a la firma el monopolio del Servicio Único de Atención en Tierra (RAMPA), que fue desregulado por la actual gestión.
También, según publicó TN, se instruyó a la Unidad Ejecutora Especial Temporaria “Agencia de Transformación de Empresas Públicas” a coordinar todas las acciones necesarias para la privatización, incluyendo la contratación de una entidad bancaria pública para la valuación del capital accionario. El plazo para concretar el proceso fue fijado en ocho meses.
La Secretaría de Transporte también estará a cargo de redactar y tramitar los pliegos licitatorios, técnicos y contractuales, que deberán contar con el visto bueno de la Agencia de Transformación antes de ser publicados.
Intercargo fue creada en 1961 y brinda actualmente servicios de asistencia en tierra a aeronaves en 21 aeropuertos del país, en su mayoría de las aerolíneas comerciales que operan en Argentina, utilizando equipamiento propio o de Aerolíneas Argentinas.
La decisión de avanzar en la privatización fue argumentada por el gobierno en referencia a que entre 2020 y 2023, Intercargo necesitó asistencia estatal por unos $6.700 millones, para garantizar operaciones y estándares de calidad.
Desde fines de 2024, el Ejecutivo dejó de subsidiarla, desreguló el servicio y avanzó en un plan de apertura a privados.
Fue en ese marco que 15 trabajadores fueron despedidos por bloquear rampas en medio de protestas y asambleas que afectaron a cientos de pasajeros, quienes quedaron demorados dentro de los aviones sin poder descender. Esa situación fue aprovechada por el Gobierno para avanzar en la liberalización del servicio, otorgando nuevas habilitaciones a empresas privadas durante este año.
