La situación judicial de Cristina Kirchner vuelve a quedar bajo la lupa. Mientras cumple prisión domiciliaria por la condena en la causa Vialidad, la Cámara Federal de Casación Penal resolvió avanzar con una revisión formal de su régimen de detención. La decisión se da en el marco del control de ejecución de la sentencia, y contempla tanto una audiencia técnica como una evaluación médica y psicosocial.
La medida se produce en un contexto de alta sensibilidad política, y forma parte del seguimiento habitual que realiza la Justicia Federal sobre casos con penas en curso, especialmente cuando se trata de figuras públicas y regímenes especiales como el de prisión domiciliaria.
De esta manera, la Cámara Federal de Casación Penal convocó a una audiencia para revisar las condiciones en las que la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner cumple su prisión domiciliaria. La misma será encabezada por los jueces Mariano Borinsky, Gustavo Hornos y Diego Barroetaveña, y participarán todas las partes involucradas en la causa.
La revisión incluye también un abordaje interdisciplinario: un equipo compuesto por psicólogos y trabajadores sociales visitará el domicilio de la ex mandataria ubicado en el barrio porteño de Constitución, para evaluar su estado físico, emocional y las condiciones de cumplimiento de la pena.
Uno de los focos de la evaluación será el uso de la tobillera electrónica, dispositivo de monitoreo obligatorio en este tipo de regímenes. Los especialistas deberán elaborar un informe técnico, que luego será remitido tanto a la Cámara de Casación como al Tribunal Oral Federal N.º 2, responsable de la ejecución de la condena.
Cabe recordar que el TOF 2, integrado por los jueces Jorge Gorini, Rodrigo Giménez Uriburu y Andrés Basso, estableció además restricciones de visitas, limitándolas a abogados, médicos y familiares cercanos.
LA CAUSA VIALIDAD
La causa judicial tiene origen en 2013, cuando se difundieron videos grabados en la financiera SGI, conocida como “La Rosadita”, donde se observaba a Martín Báez, hijo del empresario, manipulando grandes sumas de dinero en efectivo.
En 2021, Lázaro Báez fue condenado a 12 años de prisión, sentencia que fue luego reducida a 10 años por la Cámara de Casación. Junto a él, también fueron condenadas otras personas vinculadas al circuito de lavado, entre ellos varios de sus hijos, abogados y financistas. Entre las penas se destacan la de Martín Báez (6 años y 6 meses), Daniel Pérez Gadín y Jorge Chueco (6 años), entre otros.
Con respecto a Cristina Fernández de Kirchner a Corte Suprema confirmó en junio la condena por corrupción en la causa Vialidad, centrada en el direccionamiento de obras públicas viales a favor del empresario Lázaro Báez en la provincia de Santa Cruz, durante los gobiernos kirchneristas.
El máximo tribunal, integrado por Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, rechazó cada uno de los argumentos del recurso de queja presentados por la ex mandataria y sostuvo que “el debido proceso ha sido salvaguardado” y que “la encausada obtuvo una sentencia fundada en ley”. Además, se ratificó su inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos.
Con información de Noticias Argentinas, redactada y editada por un periodista de ADNSUR