El Senado de la Nación convirtió en ley este pasado jueves un proyecto que representa un importante alivio económico para los jubilados y pensionados argentinos, al aprobar un aumento general del 7,2% en los haberes jubilatorios y un incremento del bono extraordinario.
La iniciativa fue respaldada con una contundente mayoría de 52 votos a favor, superando ampliamente los dos tercios necesarios para rechazar un eventual veto presidencial, lo que marca un fuerte desafío al Ejecutivo.
Este aumento busca compensar la pérdida del poder adquisitivo acumulada durante los últimos años. Según datos oficiales, entre 2021 y marzo de 2024, las jubilaciones perdieron más del 50% de su poder de compra frente a la inflación, debido a la fórmula de movilidad anterior y a la falta de ajustes adecuados.
La actualización del 7,2% se plantea además como una corrección respecto a la suba extraordinaria del 12,5% otorgada en abril, con el objetivo de alcanzar un ajuste total cercano al 20,6%, equivalente a la inflación de enero de 2024.
CUÁNTO COBRARÍAN LOS JUBILADOS CON EL AUMENTO DE SUELDO APROBADO EN EL SENADO
El proyecto establece una mejora diferenciada: quienes perciben el haber mínimo, sumado al bono, recibirán un aumento total del 16,4%, mientras que el resto de los jubilados y pensionados tendrá un incremento del 7,2%.
Por ejemplo, un jubilado que en julio cobra $379.355 (incluyendo el bono de $70.000 y un aumento del 1,5% por la fórmula vigente) con la nueva ley habría cobrado aproximadamente $441.600, lo que representa una mejora de más de $62.000.
Para quienes cobran la jubilación máxima, actualmente en torno a $2.081.261, el nuevo monto ascendería a unos $2.231.112, es decir, un aumento de casi $150.000. En el caso de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM), que hoy es de $243.779, el incremento del 7,2% la elevaría a $261.327, y sumando el bono de $110.000, el ingreso total llegaría a $371.327.
OTROS PUNTOS CLAVE EN LA LEY
Además del aumento, la ley ratifica por primera vez en forma legal la fórmula de movilidad basada en la inflación, actualmente vigente por decreto presidencial (DNU 274). Esta fórmula reemplaza la anterior, que había sido cuestionada judicialmente por su impacto negativo en el poder adquisitivo de los jubilados.
Asimismo, el proyecto contempla transferencias presupuestarias a las provincias que mantienen sus cajas previsionales, para cubrir déficits entre ingresos y egresos, una demanda histórica de esos gobiernos provinciales que hasta ahora había sido rechazada por el Ejecutivo nacional. También incluye la prórroga de la moratoria previsional, que permitirá a miles de personas que no completaron sus años de aportes acceder a la jubilación, ampliando la cobertura previsional.
MILEI CONFIRMÓ QUE VETARÁ LA LEY
El presidente Javier Milei ya anunció que ejercerá su derecho de veto sobre esta ley, argumentando que representa un riesgo para el equilibrio fiscal y la política de déficit cero que impulsa su gobierno.
En una conferencia, Milei reiteró que la medida compromete la estabilidad económica y dejó abierta la posibilidad de recurrir a la Justicia para frenar la aplicación de la norma, en caso de que el Congreso insista en mantenerla vigente.
Esta decisión abre un escenario de fuerte confrontación política, ya que la oposición cuenta con la mayoría necesaria para superar un veto presidencial y hacer que la ley se aplique de todos modos. El oficialismo, por su parte, enfrenta el desafío de contener el gasto público en un contexto de ajuste económico, lo que hace que la aprobación de este aumento sin compensación presupuestaria sea un tema de máxima tensión.
La sesión en el Senado fue un claro ejemplo de esta disputa: mientras la oposición celebró la sanción como una victoria para los sectores más vulnerables, el bloque oficialista de La Libertad Avanza optó por retirarse del recinto durante la votación, evidenciando la fractura política que genera esta medida.
Para millones de jubilados y pensionados, esta ley representa un respiro en medio de una economía marcada por la inflación persistente y la pérdida de poder adquisitivo. El bono extraordinario, que se eleva a $110.000 y se ajustará según la inflación, es una ayuda directa para los sectores más necesitados, mientras que el aumento generalizado del 7,2% mejora los ingresos de todos los beneficiarios.
No obstante, la pulseada política y económica continuará en las próximas semanas, con el Ejecutivo evaluando el veto y la oposición preparada para defender la ley en el Congreso y eventualmente en la Justicia. En este contexto, el futuro de la política previsional argentina dependerá en gran medida de cómo se resuelva este enfrentamiento y de la capacidad del gobierno para equilibrar sus objetivos fiscales con la necesidad de proteger a los sectores pasivos.
Para millones de jubilados y pensionados, esta ley representa un respiro en medio de una economía marcada por la inflación persistente y la pérdida de poder adquisitivo. El bono extraordinario, que se eleva a $110.000 y se ajustará según la inflación, es una ayuda directa para los sectores más necesitados, mientras que el aumento generalizado del 7,2% mejora los ingresos de todos los beneficiarios.
No obstante, la pulseada política y económica continuará en las próximas semanas, con el Ejecutivo evaluando el veto y la oposición preparada para defender la ley en el Congreso y eventualmente en la Justicia. En este contexto, el futuro de la política previsional argentina dependerá en gran medida de cómo se resuelva este enfrentamiento y de la capacidad del gobierno para equilibrar sus objetivos fiscales con la necesidad de proteger a los sectores pasivos.
La sanción de esta ley marca un momento clave en la política social argentina, con un aumento significativo para los jubilados que podría quedar en suspenso si el Ejecutivo decide vetarla y la oposición no logra mantener la mayoría para imponer su aplicación. La discusión sobre el equilibrio fiscal y la justicia social vuelve a estar en el centro del debate público, con millones de argentinos expectantes ante el impacto que tendrá esta medida en sus bolsillos y en la economía nacional.
