Personal del Municipio de Comodoro Rivadavia llevó adelante este miércoles por la mañana un operativo de desalojo en un terreno usurpado, ubicado en la intersección de las calles Código 496 y Santiago Busnadiego, frente a la cancha del club Nueva Generación.
El procedimiento fue dispuesto por la Justicia, tras un proceso judicial que se extendió por varios años y culminó con una sentencia firme que ordenó la restitución del inmueble al Estado Municipal.
Durante los más de cinco años que duró la ocupación ilegal, en el terreno se construyeron dos monoambientes y un taller mecánico clandestino, todo dentro de un predio cercado con portón eléctrico.
Según informaron las autoridades, durante el operativo se presentó una persona que dijo haber adquirido el inmueble a quien originalmente lo había usurpado. Sin embargo, el proceso judicial que culminó en el desalojo incluyó todas las instancias legales necesarias para restituir el bien al patrimonio público.
Carlos Jurich, secretario de Ordenamiento Territorial del Municipio, explicó que se trató del “recupero de un predio intrusado por un particular, cuyas construcciones fueron ejecutadas violando todas las normas vigentes”.
Además, destacó que el operativo se realizó por instrucciones del intendente Othar Macharashvili y subrayó como hecho novedoso la aplicación efectiva del artículo N° 238 de la Constitución Provincial, herramienta que permite al Estado actuar con respaldo legal en estos casos.
Por su parte, el subsecretario de Tierras, Bruno Hernández, precisó que el procedimiento implicó “el cumplimiento de una orden judicial y mandamiento ante una ocupación ilegal”, y remarcó que la sentencia determinó que el inmueble debía volver al dominio originario de la Municipalidad de Comodoro Rivadavia.
Según detalló, el lugar contaba con tres construcciones: un presunto taller mecánico clandestino y espacios que estarían siendo utilizados para alquiler o venta inmobiliaria.
El terreno será destinado ahora al área de Emergencia Habitacional y al sector de Hábitat de la Secretaría de Desarrollo Humano y Familia. El objetivo, indicaron desde el Ejecutivo municipal, es utilizar el predio para la instalación de módulos de emergencia que permitan asistir a familias en situación de vulnerabilidad.
Hernández concluyó que esta intervención se enmarca en la Ordenanza General de Tierras, que establece que los bienes recuperados tras ocupaciones ilegales deben tener un fin social para la comunidad.
