El Ministerio Público Fiscal desestimó la denuncia presentada por la Asociación de Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial del Chubut (AMFJCH) contra todos los Ministros del Superior Tribunal de Justicia.
La medida fue tomada por el equipo de fiscales conformado por el procurador General del Chubut, Jorge Miquelarena. “Luego de un análisis exhaustivo de la denuncia, la documentación reunida, la toma de testimonios y la evaluación jurídico-penal de los hechos denunciados, los fiscales intervinientes resolvieron desestimar las actuaciones al no haberse configurado conducta alguna que encuadre en una figura penal”, señalaron desde el MPF.
La denuncia había motivado una investigación preliminar por presuntas irregularidades administrativas vinculadas a la asignación de haberes, pasajes, contrataciones y otras decisiones internas del máximo órgano judicial de la provincia.
“De las diligencias realizadas, no surgieron elementos suficientes que permitan sostener que existieron conductas delictivas”, concluyó el comunicado oficial publicado este viernes por la tarde.
DENUNCIAS, POLÉMICA Y RENUNCIA
Los cuestionamientos planteados por la Asociación de Magistrados se dieron en el marco de una fuerte tensión que atravesó al poder judicial de la provincia en los últimos meses. Aumentos salariales encubiertos, la compra de camionetas por más de 420.000.000 pesos y el uso discrecional de “gastos sin discriminar” encendieron una fuerte disputa entre el Superior Tribunal de Justicia y el resto de los actores del sistema.
Tras el escándalo, el Superior dio marcha atrás y retrotrajo los aumentos de sueldos. Sin embargo, el conflicto no terminó ahí.
Las irregularidades fueron expuestas por la Asociación de Magistrados, en el marco de un enfrentamiento con el gobernador Torres por el intento de los jueces de evitar la consulta popular que se realizará en octubre, donde la ciudadanía deberá decidir si aprueba la eliminación de los fueros.
El gobernador identificó al camarista Claudio Alejandro Petris, presidente de AMFJCH, como la persona que intentaba impedir a los chubutenses decidir sobre una medida que el Ejecutivo provincial considera clave.
El 28 de junio, tras las denuncias por las supuestas vinculaciones a hechos de corrupción y favores sexuales, Petris renunció a su cargo como presidente de la Asociación de Magistrados,
La decisión fue comunicada formalmente a través de una nota en la que atribuyó su salida a una “campaña de desprestigio” motivada por su participación institucional en la presentación de un recurso de inconstitucionalidad contra el plebiscito impulsado por el Gobierno provincial para la eliminación de los fueros.
