En Chubut, un nuevo caso volvió a encender las alarmas sobre una modalidad de estafa que crece silenciosamente: el abuso de confianza sobre personas mayores para apropiarse de sus haberes jubilatorios.
Cada vez son más frecuentes las denuncias contra personas que, aprovechando su cercanía con adultos mayores, obtienen datos sensibles como claves bancarias o información personal, para luego vaciar cuentas o desviar fondos en su propio beneficio. La vulnerabilidad, la necesidad de ayuda con trámites digitales o la falta de experiencia bancaria, convierten a los jubilados en blancos fáciles para estos engaños.
En muchos casos, los victimarios no son desconocidos, sino personas que inspiran confianza: vecinos, allegados o incluso familiares que se ofrecen para colaborar en gestiones administrativas.
Así fue como se desarrolló un caso recientemente tratado por la Justicia de Rawson, donde una mujer acusada de apropiarse indebidamente del dinero de un jubilado al que había ayudado con los trámites previsionales deberá devolverle a la víctima más de 5 millones de pesos.
ACUERDO JUDICIAL POR UNA ESTAFA MILLONARIA A UN JUBILADO EN RAWSON
La jueza de garantías de Rawson, Eve Ponce, homologó un acuerdo conciliatorio entre un vecino jubilado de la capital provincial y una mujer identificada como M.L.D., acusada de haber extraído sin consentimiento dinero de sus haberes previsionales. El convenio contempla la devolución de 5.500.000 pesos, y en caso de incumplimiento, se reabrirá la causa penal en su contra.
Según la investigación llevada adelante por el fiscal general Fernando Rivarola, M.L.D. asistió a J.C.D., quien se jubiló en 2019, en los trámites para el cobro de su jubilación ante el Banco del Chubut.
Durante ese proceso, obtuvo acceso a información sensible como sus datos personales, bancarios y claves. Entre junio de 2021 y 2024, la mujer realizó transferencias de dinero desde la cuenta del jubilado hacia su propia cuenta, la de su madre, una hija y otra persona cuya relación con la imputada aún no ha sido determinada.
El monto total de lo transferido sin autorización asciende a 2.949.000 pesos, aunque la actualización por inflación y perjuicios fijó el valor final de la deuda en 5.500.000 pesos. En la audiencia realizada este martes, la defensa de M.L.D. –a cargo del abogado Damián D´Antonio– ofreció una entrega inicial de 2.800.000 pesos y el pago de seis cuotas mensuales consecutivas de 450.000 pesos a partir de agosto.
Durante la audiencia, tanto la víctima como la imputada, quien no tiene antecedentes penales, ratificaron su conformidad con el acuerdo. La jueza Ponce validó la conciliación, aunque dejó abierta la posibilidad de reactivar el proceso judicial si la mujer no cumple con los plazos pactados.
