El ministro de Seguridad de Chubut, Héctor Iturrioz, salió al cruce del diputado Gustavo Fita luego de que este criticara la iniciativa de Ignacio Torres para la eliminación de los fueros en los tres poderes del Estado.
El también presidente del PJ de Chubut había advertido que “tenemos un Gobernador que quiere poner de rodillas a la Justicia, porque no piensa igual”, en una clara defensa al juez Claudio Petris, investigado tras una grave denuncia por abuso sexual, cohecho, abuso de poder y posible lavado de activos, y que había intentado bloquear el plebiscito para la quita de fueros y privilegios en la provincia.
“Si es testigo de un ilícito siendo funcionario público, tiene que denunciarlo, de lo contrario, el que estaría incurriendo en un delito es el propio Fita”, señaló Iturrioz.
DENUNCIA MEDIÁTICA
En este sentido, Iturrioz fue determinante al considerar que “las recientes declaraciones del diputado nos obligan a reflexionar desde el ámbito legal, entendiendo que la inmunidad de opinión ligada a los fueros no se puede constituir como un permiso para salir a decir cualquier cosa”.
El ministro abordó los dichos de Fita en el medio Radiovisión de Comodoro Rivadavia, y sostuvo que las expresiones del legislador “lejos de ser valoraciones personales amparadas por la inmunidad de opinión, atribuyen al Gobernador la comisión de uno o varios delitos de acción pública tipificados en el Código Penal”, advirtiendo que “el hecho de que estas ‘denuncias’ hayan sido realizadas, en clave mediática, por un legislador, hace que debamos recordarle a Fita que el artículo 262 del Código Procesal de la Provincia impone a funcionarios como él la obligación de denunciar delitos de acción pública que adviertan en el ejercicio de su función”.
FITA, A UN PASO DEL “DELITO DE ACCIÓN PÚBLICA”
“Espero que, cumpliendo cabalmente la obligación que la Justicia establece a su investidura, Fita haya iniciado la denuncia penal respectiva; lo contrario implicaría que, quien incurra en delito de acción pública, sea el legislador”, señaló Iturrioz.
Por último, el ministro de Seguridad y Justicia precisó que “el imperio del orden y la consecuente seguridad pública reposan en que todos los habitantes realicen las denuncias de delitos por ellos conocidos: eso es un deber ciudadano”, concluyendo que “debemos exigirle y exigirnos, quienes tenemos funciones públicas, a cumplir con las cargas que la ley nos impone”.
