La reforma del Estado que impulsa el presidente Javier Milei sigue avanzando en distintas áreas clave, y esta vez el foco está puesto en el sector energético. Bajo el argumento de reducir la burocracia, atraer inversiones y dar mayor libertad a los usuarios, el Gobierno oficializó la eliminación de los entes reguladores históricos del gas y la electricidad.
En su reemplazo, se creará un nuevo organismo que concentrará todas las funciones de control y fiscalización, con autonomía técnica y financiera. Esta transformación forma parte de un proceso más amplio de liberalización del mercado energético, en línea con lo aprobado por el Congreso en la Ley Bases.
En este contexto, el presidente Javier Milei firmó los decretos 450 y 452/2025, que avanzan en una reforma estructural del sistema energético argentino. Por un lado, se modifica el marco normativo vigente del sector eléctrico; por el otro, se crea un nuevo organismo regulador que reemplazará al ENRE (Ente Nacional Regulador de la Electricidad) y al ENARGAS (Ente Nacional Regulador del Gas).
El Decreto 450 introduce cambios en las leyes 15.336 y 24.065, con el objetivo de promover la competencia en la generación y comercialización de energía, facilitar la contratación directa entre privados y asegurar un sistema tarifario basado en costos reales. Además, establece que las distribuidoras deberán contratar energía en el mercado a término y garantizar la libre elección de proveedor para los usuarios.
Por su parte, el Decreto 452 crea el Ente Nacional Regulador del Gas y la Electricidad, que asumirá las funciones de los organismos eliminados. Tendrá autarquía e independencia funcional y presupuestaria, y será responsable de fiscalizar el cumplimiento de la normativa, asesorar al Poder Ejecutivo, aplicar sanciones y formular el presupuesto sectorial. El nuevo ente estará conducido por un directorio de cinco miembros, designados por el Presidente con aval parlamentario no vinculante.
La Secretaría de Energía será la encargada de llevar adelante la transición, asegurando la continuidad operativa de los entes actuales y el traspaso de personal y patrimonio al nuevo organismo en un plazo de hasta 180 días.
Desde el Gobierno sostienen que la unificación responde a criterios de eficiencia administrativa, reducción de superposición de funciones y alineamiento con estándares internacionales. También consideran que esta medida mejorará la previsibilidad regulatoria para atraer inversiones privadas en el sector energético, uno de los ejes estratégicos de la gestión.
Con información de Noticias Argentinas, redactada y editada por un periodista de ADNSUR
