El Gobierno rionegrino presentó una demanda colectiva contra Nación y Vialidad por el estado crítico de la Ruta 151. Exige su reparación urgente para proteger la vida y la economía de la región.
El Gobierno de Río Negro, junto a intendentes, entidades empresariales y la Defensoría del Pueblo, presentó una acción de amparo colectiva contra el Estado Nacional y la Dirección Nacional de Vialidad por el abandono de la Ruta Nacional 151, un tramo clave para el desarrollo económico y social de la provincia.
La presentación judicial busca proteger los derechos fundamentales a la vida, salud e integridad de las miles de personas que transitan a diario los 150 kilómetros entre Cipolletti y el límite con La Pampa. El Juzgado Federal de General Roca ya dio curso al amparo y solicitó a Nación y Vialidad un informe sobre la omisión denunciada, otorgando plazos de 11 días para responder y 5 días en el caso de las medidas cautelares.
El escrito reclama que el tribunal declare responsable al Estado Nacional por el deterioro de la ruta y ordene su reparación total, además de exigir medidas urgentes como señalización inmediata, bacheo provisorio y campañas informativas para evitar accidentes. También se solicita un plan técnico y presupuestario con informes periódicos de avance.
Entre los fundamentos, se detalla que el estado de la vía afecta gravemente el acceso a la salud, con más de 576 traslados sanitarios este año por ese tramo; dificulta la educación, impactando a más de 10.000 estudiantes y 2.300 docentes de 70 escuelas; y compromete sectores clave como la fruticultura, minería, turismo y la industria hidrocarburífera, que produce el 72% del petróleo y el 42% del gas del país.
La demanda también cuestiona la desnaturalización del financiamiento vial, al denunciar que fondos específicos como el 28,58% del Impuesto a los Combustibles que deberían destinarse al mantenimiento de rutas, han sido desviados, dejando a corredores estratégicos como la 151 en condiciones alarmantes.
El amparo cita artículos de la Constitución Nacional, pactos internacionales como el PIDESC y el Pacto de San José de Costa Rica, y leyes como la Ley de Amparo 16.986 y la Ley de Tránsito 24.449. La acción legal busca sentar un precedente para que otras provincias puedan exigir judicialmente obras públicas urgentes ante omisiones del Estado central.
La presentación fue firmada por el gobernador Alberto Weretilneck, el fiscal de Estado Gastón Pérez Estevan, la defensora del Pueblo Adriana Santagati, intendentes de cinco municipios afectados, y referentes de cámaras empresariales de Cipolletti y la industria petrolera.
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