El Gobierno nacional decidió dar un paso inusual en la causa que investiga las muertes vinculadas al consumo de fentanilo contaminado. Este miércoles, fuentes oficiales confirmaron que se impulsará la recusación del juez federal de La Plata, Ernesto Kreplak, por su vínculo familiar directo con el ministro de Salud bonaerense, Nicolás Kreplak.
El planteo, que será presentado formalmente en el expediente, apunta a un posible conflicto de intereses, dado que el laboratorio HLB Pharma —principal señalado en la pesquisa— figura como uno de los proveedores del Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires. Desde la Casa Rosada sostienen que esta relación institucional hace imposible garantizar la imparcialidad del magistrado.
La decisión llega en un momento crítico: la cifra oficial de fallecidos por la sustancia contaminada ya trepó a 97 personas, y no se descarta que aparezcan más casos en distintas provincias. La sospecha es que la sustancia adulterada pudo haber sido distribuida en un circuito paralelo y sin control, lo que amplía el radio de riesgo y la complejidad de la investigación judicial.
En paralelo, el Congreso fue escenario de fuertes críticas hacia el juez. Desde el PRO, el diputado Alejandro Finocchiaro aseguró en una entrevista televisiva: “nosotros pedíamos investigar esto, porque Kreplak no podía investigar a su hermano”. La legisladora Silvana Giudici coincidió y remarcó: “ya nos parece un poco lenta la investigación, y más si la causa la lleva el juez que es hermano del ministro de Kicillof”.
No todos en el oficialismo se pronunciaron con dureza. La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, adoptó una postura más moderada. “Hablo permanentemente con él, tengo confianza en que está haciendo las cosas bien. Si él siente algo, se apartará”, declaró la funcionaria, aunque sin descartar que la recusación sea un camino válido para evitar cuestionamientos futuros.
Mientras el debate político se intensifica, la investigación judicial avanza con varias líneas abiertas. Entre las medidas ordenadas por el propio Kreplak se encuentra una pericia en la Facultad de Ciencias Exactas de La Plata sobre una ampolla de fentanilo no contaminado. El objetivo es comparar su composición con las muestras adulteradas para identificar el punto exacto en que se produjo la contaminación.
Además, una fiscalía federal puso bajo la lupa a la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT), para determinar si el organismo cumplió con sus deberes de control sobre los laboratorios durante los últimos cinco años.
El expediente también contempla la hipótesis de un sabotaje. Los dueños de los laboratorios implicados, que tienen prohibida la salida del país, sostienen que personas externas podrían haber manipulado el producto con fines criminales. Incluso señalan a un exdiputado provincial que habría intentado robar ampollas para su venta en el mercado negro.
