La jueza de garantías Karina Breckle autorizó la recalificación penal en una causa investigada por la Fiscalía de Rawson que involucra a una vecina de la ciudad acusada de desviar a sus cuentas casi 6.800.000 pesos pertenecientes a un empresario pesquero ya fallecido. La figura legal pasó de “estafa” a “administración fraudulenta en carácter de autor”, a pedido de los acusadores.
La investigación comenzó a partir de una denuncia presentada por familiares del empresario J.J.R., propietario de dos barcos que operaban en el Puerto de Rawson. Según la acusación, entre 2018 y 2019, la imputada —identificada como V.R.— administraba los fondos generados por la actividad pesquera y, abusando de la confianza conferida, transfirió parte de ese dinero a cuentas personales en distintas entidades bancarias.
Según informó el Ministerio Público Fiscal, las maniobras incluyeron extracciones y transferencias desde una cuenta del Banco del Chubut hacia cuentas en el mismo banco, en el Banco Galicia y en el Banco Nación a nombre de la acusada.
El total del dinero presuntamente desviado asciende a cerca de 6.800.000 pesos. La mujer contaba en ese momento con un poder amplio para la administración de los recursos financieros del empresario, según detallaron los investigadores.
Además, la Fiscalía detectó incumplimientos en los aportes sindicales y ante la AFIP, por lo que no descarta que se haya cometido un delito de instancia federal.
En la audiencia judicial, el Ministerio Público Fiscal estuvo representado por la fiscal general Laura Castagno. La defensa de la imputada fue asumida por el abogado particular Romano Cominetti. En carácter de querellante, se presentó el abogado Diego Martínez Zapata, en representación de los denunciantes, quien adhirió a la investigación realizada por la Fiscalía, aunque con diferencias menores en cuanto al monto total involucrado.
Durante la audiencia, V.R. expuso su versión de los hechos ante la jueza Breckle, lo que podría derivar en futuras denuncias cruzadas. Mientras tanto, la investigación continúa para determinar el destino de los fondos y establecer las responsabilidades penales correspondientes.
