En coincidencia con el vencimiento del plazo judicial para que condenados por la causa Vialidad—entre ellos, la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner y el empresario Lázaro Báez, reintegren más de US$530 millones al Estado, el Gobierno nacional implementó un nuevo régimen para regular la administración de bienes recuperados por corrupción. Lo hizo a través del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 575/2025, publicado este miércoles en el Boletín Oficial.
El decreto, firmado por el presidente Javier Milei y todo su gabinete, aprueba el “Régimen de conservación, administración y disposición de los bienes provenientes de actividad ilícita”, aplicable a causas penales de competencia nacional y federal, así como a procesos de extinción de dominio.
En este marco, se crea el Consejo de Bienes Recuperados en Favor del Estado Nacional, un órgano que funcionará dentro del Ministerio de Justicia y tendrá funciones de supervisión, evaluación y coordinación para garantizar el correcto seguimiento de los bienes incautados.
Además, el DNU dispone la creación de la Agencia de Administración de Bienes del Estado como organismo descentralizado bajo la órbita de la Jefatura de Gabinete. Esta agencia será la autoridad central en la gestión de los bienes muebles e inmuebles del Estado Nacional, salvo los vinculados a delitos, que seguirán bajo el control del Ministerio de Justicia.
Según el texto oficial, el crimen organizado “afecta la gobernanza, la seguridad pública y la estabilidad del Estado de Derecho”. Por eso, el decreto pone énfasis en garantizar la trazabilidad de los bienes recuperados y fomentar el control ciudadano, a través de un inventario público y actualizado que permita conocer el destino y uso de cada recurso.
“El desarrollo de una gestión eficiente y transparente de reintegro a la sociedad de recursos mal habidos conlleva numerosos beneficios”, señala el documento. Entre ellos, destaca que se debilitan las estructuras financieras del crimen organizado y se refuerzan los mecanismos de reparación a las víctimas.
El lanzamiento del régimen coincide con el plazo límite que tiene la defensa de los condenados por la causa Vialidad para devolver al Estado fondos que la Justicia identificó como parte del perjuicio económico causado por maniobras fraudulentas en la obra pública. Según el fallo, deben restituirse US$530 millones, y no se descarta que la Justicia avance con el decomiso de bienes si no se produce el reintegro.
En el caso de Cristina Kirchner, entre las propiedades señaladas para el remate se encuentran varios inmuebles en la Ciudad de Buenos Aires, como departamentos en el complejo Madero Center, además de otras 24 propiedades ubicadas en el sur del país. Sin embargo, el proceso enfrenta un obstáculo: algunas de estas propiedades ya están embargadas en otras causas judiciales, como Hotesur y Los Sauces, en las que fueron cedidas a sus hijos Máximo y Florencia Kirchner.
Además, la expresidenta afirmó en un comunicado que “toda mi evolución patrimonial, al igual que la del resto de la familia Kirchner, resulta absolutamente legítima”, argumentó la expresidenta en un escrito presentado ante el tribunal.
Además, aseguró que no cuenta con bienes para hacer frente a la cifra que le reclama la Justicia, la cual consideró que fue mal calculada.
La causa Vialidad, resuelta en diciembre de 2022 por el Tribunal Oral Federal N.º 2, concluyó que durante las presidencias de Néstor y Cristina Kirchner se direccionaron de forma fraudulenta contratos de obra pública en Santa Cruz a favor de Lázaro Báez, lo que provocó un perjuicio millonario al Estado, por lo que la ex mandataria fue sentenciada a 6 años de prisión e habilitación perpetua para ejercer cargos públicos.
Por su edad, la expresidenta fue beneficiada con la prisión domiciliaria, que cumple en el departamento que tiene en el barrio porteño de Constitución.
Con información de TN, redactada y editada por un periodista de ADNSUR
