A pocos días de que venza el plazo impuesto por la Justicia para que los condenados en la Causa Vialidad restituyan los 530 millones de dólares al Estado, la orden judicial sigue incumplida. Cristina Fernández de Kirchner, principal figura del proceso, junto con el empresario Lázaro Báez y el exsecretario de Obras Públicas José López, no han realizado los depósitos correspondientes en la cuenta especial habilitada en el Banco Nación.
La sentencia contra los acusados, quienes fueron condenados por administración fraudulenta, estableció la devolución de esta millonaria suma como parte de las medidas para resarcir el daño al Estado.
LA POSIBLE SUBASTA DE BIENES
Sin embargo, hasta el momento, las partes involucradas no han cumplido con esta obligación, lo que acerca la posibilidad de que la Justicia ordene la subasta pública de los bienes incautados para hacer efectiva la reparación.
Entre las propiedades señaladas para el remate se encuentran varios inmuebles en la Ciudad de Buenos Aires pertenecientes a Cristina Kirchner, como departamentos en el complejo Madero Center, además de otras 24 propiedades ubicadas en el sur del país. Sin embargo, el proceso enfrenta un obstáculo: algunas de estas propiedades ya están embargadas en otras causas judiciales, como Hotesur y Los Sauces, en las que fueron cedidas a sus hijos Máximo y Florencia Kirchner.
A pesar de esta complejidad legal, los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola sostienen que la causa Vialidad tiene prioridad para avanzar con las subastas, lo que podría concretarse en las próximas semanas si no se cumple con el pago.
En un giro reciente, la Corte Suprema de Justicia emitió una acordada que plantea una alternativa al remate inmediato: los bienes decomisados podrían ser destinados a uso institucional, tanto para el propio tribunal como para el Consejo de la Magistratura. Esto permitiría convertirlos en oficinas judiciales, depósitos de archivo o espacios para programas públicos.
Además, la Corte considera la posibilidad de ceder temporalmente algunas propiedades a provincias, municipios o entidades sin fines de lucro para que se destinen a iniciativas vinculadas a la educación, la salud, la asistencia a víctimas o la reinserción social.
Así, mientras avanza el reloj hacia el 13 de agosto, el destino de estos millonarios activos permanece en el centro del debate judicial y político.
Con información de MDZ Online, redactada y editada por un periodista de ADNSUR
