Magdalena Odarda presentó una denuncia por posible ilegalidad en la autorización a consorcio vinculado con empresa con prohibición vigente en Argentina. El gobierno provincial deberá dar explicaciones ante la Fiscalía.
En Río Negro, la legisladora Magdalena Odarda en declaraciones al aire de FM 105.5 de la Cordillera, cuestionó un cambio en la matriz productiva, al que advierte como una “entrega de bienes comunes, bienes naturales brutal”, en el marco del régimen de incentivos a grandes inversiones (RIGI). Señala que este modelo “pone en riesgo la biodiversidad de todo nuestro golfo San Matías”, que alcanza casi al límite con Chubut e incluye balnearios y destinos turísticos de relevancia nacional.
La controversia excede al GNL: también se mencionan amenazas al turismo, la pesca y la naturaleza. Odarda subraya que “se llevan el petróleo y utilizan el agua de los rionegrinos”, impactando miles de fuentes laborales.
En el centro del debate está una empresa británica con causas por “explotar ilegalmente el fondo del mar en Malvinas Argentinas”. Se destaca que “una ley nacional del 2011” impide a gobiernos provinciales o nacionales “establecer relaciones contractuales con empresas que tengan estos antecedentes” —como en este caso— en clara infracción de la normativa vigente.
Weretilneck bajo investigación ante la Fiscalía
El gobernador Alberto Weretilneck deberá justificar ante la Fiscalía de Investigaciones Administrativas (FIA) por qué autorizó a una petrolera británica sancionada a operar en la provincia, pese a que tiene prohibido hacerlo en Argentina hasta 2037. Esa prohibición se fundamenta en sanciones impuestas en 2012 y embargos ordenados en 2015 por la Justicia Federal.
La denuncia fue formalizada por la legisladora Magdalena Odarda, del bloque opositor “Vamos con Todos”, ante la comisión de posibles delitos de acción pública.
Según Tiempo Argentino, la firma sancionada —Premier Oil PLC— logró operar desde septiembre de 2024 a través de fusiones y cambios de nombre como Harbour Energy, interviniendo en proyectos petroleros en Río Negro, Neuquén y Tierra del Fuego.
Denuncias por violación de la ley y riesgo ambiental
La legislación argentina pertinente, la ley nacional 26.659 (modificada por la 26.915), impide que gobiernos contraten con empresas que hayan participado en explotación de hidrocarburos en la plataforma continental sin autorización del Estado.
Odarda enfatizó que “el Gobierno provincial habilitó a este grupo a instalar buques licuefactores en el Golfo San Matías…”, poniendo en peligro la biodiversidad, el turismo y la pesca, y afectando las aguas más puras de América Latina.
Asimismo, señaló que la provincia “actúa ocultando a la firma Premier Oil”, reconocida por operar clandestinamente en las Islas Malvinas con licencia kelper.
Fiscalía y audiencia pública en ciernes
La denuncia alcanza también a la secretaria Andrea Confini, al ministro Carlos Banacloy y al gobernador Weretilneck, por posible comisión de delitos de acción pública al firmar acuerdos con Harbour Energy, que oculta a la firma sancionada, según Odarda.
Desde el gobierno provincial se limitaron a detallar que hay en curso un proceso administrativo, y confirmaron la realización de una audiencia pública el próximo 16 de septiembre en San Antonio Este para evaluar el impacto ambiental del segundo buque licuefacción. Por ahora, solo estaría habilitado un buque bajo el nombre Southern Energy.
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