El Gobierno nacional oficializó la eliminación de restricciones fiscales vinculadas al Impuesto al Valor Agregado (IVA) y al Impuesto a las Ganancias para las compañías establecidas en Tierra del Fuego, a través del Decreto 535/2025 difundido este lunes en el Boletín Oficial.
El objetivo de esta decisión es reducir los costos en las ventas directas al consumidor final desde el Área Aduanera Especial (A.A.E.), con el propósito de mejorar la competitividad y ampliar la oferta dentro del mercado nacional.
Las limitaciones suprimidas establecían condiciones para aplicar el crédito fiscal presunto en el IVA y restringían deducciones y beneficios en el Impuesto a las Ganancias, especialmente en transacciones con consumidores finales, empresas relacionadas o intermediarios.
El decreto explicó que dichas limitaciones fiscales “operan como un factor que resta competitividad a los productos fabricados en el Área Aduanera Especial (A.A.E.), afectando la sostenibilidad del polo industrial”.
Asimismo, remarcó que “el actual contexto macroeconómico nacional, signado por la consolidación de un programa de estabilización, la reactivación de la actividad económica y la implementación de políticas de apertura comercial y desregulación, ha modificado sustancialmente las condiciones de competencia para la industria argentina en general y para la radicada en el A.A.E. en particular”.
De esta manera, el Gobierno consideró que “frente a este escenario de desventaja competitiva identificado, a partir de la experiencia recogida y a la luz del análisis del comportamiento del flujo comercial entre el A.A.E. y el Territorio Continental de la Nación (T.C.N.), se considera conveniente optimizar la articulación del régimen industrial, teniendo en cuenta la dinámica actual entre ambas regiones”.
De esta manera, estimó oportuno “adoptar medidas que fortalezcan y dinamicen la actividad de las empresas que han asumido el compromiso de acompañar los objetivos estratégicos de desarrollo planteados en el Decreto N° 727/21”, con la adhesión a la citada norma que prorrogó la vigencia del régimen de promoción industrial hasta el 31 de diciembre de 2038.
Las empresas beneficiarias deberán acreditar que sus productos son originarios del A.A.E., conforme lo establece la Ley 19.640, para aplicar al nuevo tratamiento tributario durante el plazo de vigencia de la promoción.
