En la antesala de la sesión en la Cámara de Diputados, el vocero presidencial Manuel Adorni informó que el Gobierno nacional evalúa implementar un aumento en las prestaciones destinadas a personas con discapacidad.
El anuncio se conoció a través de su cuenta de X, minutos antes de que la oposición intentara rechazar los vetos presidenciales a las leyes de jubilaciones y a la emergencia en discapacidad. “El Gobierno nacional está considerando un aumento en todas las prestaciones destinadas a personas con discapacidad”, señaló el funcionario.
“Nuestra decisión es priorizar la atención de las personas con discapacidad, fortaleciendo las prestaciones médicas, terapéuticas y de apoyo”, agregó.
“Este aumento reforzaría la cobertura en todo el país, ya que aseguraría un financiamiento más justo y acorde a la realidad actual”, manifestó.
“De concretarse, la medida se podría ejecutar gracias a los ahorros que conseguimos a partir de auditar las pensiones por invalidez mal otorgadas y terminar con ‘curros’ de muchos años”, aclaró, en la previa al debate legislativo.
Por último, y sin brindar mayor detalle, el vocero puntualizó: “Esto se trata de un paso en la agenda de mejoras para el sector que impulsa el Gobierno, con el foco puesto en las personas y en el uso responsable y eficiente de los recursos públicos”.
El mensaje enviado desde el Ejecutivo estaría direccionado a los legisladores opositores aliados, que esperaban de la administración libertaria un gesto ante uno de los temas más sensibles que abordará al mediodía en el recinto, según publicó NA.
ADVERTENCIA DE IR A LA CORTE SUPREMA
El Gobierno de Javier Milei analiza acudir a la Corte Suprema de Justicia (CSJ) en caso de que el Congreso rechace los vetos a el aumento jubilatorio, la moratoria previsional y la emergencia en discapacidad. Se trata de una de las alternativas más firmes que evalúa el Ejecutivo, que contempla además la posibilidad de solicitar la nulidad de la sesión del Senado en la que se aprobaron esas iniciativas. Otra de las opciones en estudio es llevar el caso al fuero Contencioso Administrativo.
La estrategia legal del oficialismo está bajo la conducción de la secretaria de Legal y Técnica, María Ibarzabal, quien coordina el trabajo junto con el viceministro de Justicia, Sebastián Amerio, los equipos de la Procuración del Tesoro y un grupo de abogados de la mesa presidencial. Desde la Casa Rosada reconocen que el objetivo es “dilatar la aplicación de la ley todo lo que nos permita la Justicia”.
Desde Casa Rosada rechazan el argumento de que el veto haya validado la sesión y aseguran que agotarán todas las variables en carpeta para llegar a las elecciones legislativas sin realizar la erogación presupuestaria. “Bajo ningún aspecto vamos a promulgar las leyes. Los fondos no se van a gastar”, manifiestan.
Además, aclararon que no preparan una medida para compensar los vetos con aumentos jubilatorios ni con una recomposición de las pensiones de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), que está en la órbita del ministro de Salud, Mario Lugones. “Vamos a seguir recortando pensiones”, agregaron desde TN.
