El Gobierno nacional, encabezado por el presidente Javier Milei, oficializó este lunes el veto total a tres leyes fundamentales sancionadas por el Congreso el 10 de julio, que contemplaban aumentos en las jubilaciones, la reinstauración de la moratoria previsional por dos años y la declaración de emergencia nacional en discapacidad.
El veto, firmado el sábado pasado por el jefe de Estado y refrendado por varios ministros, fue publicado en el Boletín Oficial, dando así a conocer la postura definitiva del Ejecutivo frente a estas iniciativas sociales que generaron amplio debate público y político.
MILEI VETÓ EL NUEVO AUMENTO DE SUELDO Y BONO PARA JUBILADOS
Las leyes vetadas por Milei establecían un incremento real del 7,2% para todas las jubilaciones y pensiones —excluyendo regímenes especiales— y un aumento del bono previsional de 70 mil a 110 mil pesos, además de su ajuste automático según la inflación. La moratoria previsional, que permite a las personas que no cuenten con los 30 años de aportes completar esos años para acceder al haber mínimo, hubiese sido restablecida por dos años.
Por otro lado, la ley de emergencia en discapacidad declaraba la situación hasta 2026, creando una nueva pensión no contributiva y estableciendo actualizaciones automáticas para los aranceles y compensaciones de los prestadores del sistema. Se preveía un gasto cercano a los 2 billones de pesos en el primer año y 4,7 billones en el segundo, sin incluir el impacto en el programa de atención médica “Incluir Salud”.
El Ejecutivo argumentó que estas medidas carecían de fuentes de financiamiento suficientes y presentaban serias irregularidades en su tratamiento legislativo, señalando que el gasto extra representaría un aumento significativo del déficit fiscal: 1,68% del PIB en promedio para el 2025-2026.
Además, cuestionó el proceso legislativo, afirmando que la sesión en la que fueron aprobadas se llevó a cabo sin la citación previa correspondiente y que se utilizaron mayorías simples cuando la reglamentación requería de dos tercios para su aprobación en ciertas etapas, motivos por los cuales consideró que hubo “graves nulidades” en el procedimiento.
CRÍTICAS TRAS EL VETO AL AUMENTO
La decisión presidencial no solo tiene un efecto técnico o fiscal, sino que se enmarca en un escenario político complejo. Dentro del oficialismo confían en que podrán sostener el veto en la Cámara de Diputados, evitando que una mayoría de dos tercios rechace la medida. El Ejecutivo mantiene intensas negociaciones con gobernadores provinciales para asegurar esa mayoría simple que impida la derogación del veto.
Por su parte, la oposición criticó duramente la medida. Dirigentes como Juan Grabois, Juliana Di Tullio, Nicolás del Caño y otros referentes catalogaron el veto como un acto de “crueldad” y “desigualdad”, acusando al gobierno de priorizar a sectores poderosos y ajustar a los más vulnerables, como jubilados y personas con discapacidad.
Mientras tanto, los sectores afectados y organizaciones sociales convocaron a movilizaciones para reclamar la sanción efectiva de estas leyes, en defensa del derecho a un ingreso digno y a la atención adecuada para las personas con discapacidad.
Según expresaron, negar los aumentos y extender la emergencia significa dejar sin herramientas de contención a millones de argentinos en situación de vulnerabilidad. El futuro de estas leyes dependerá de la capacidad de la oposición de reunir el quórum necesario para insistir con la aprobación, superando el veto presidencial, un desafío que se anticipa difícil en el actual contexto parlamentario.
