El caso que involucra al empresario Cristóbal López y a su exabogado en Comodoro Rivadavia sumó un nuevo capítulo este martes, luego de que el Colegio Público de Abogados de la ciudad difundiera un comunicado en el que pidió cautela ante la repercusión pública que adquirió la denuncia.
La presentación judicial de López, que acusa a su exdefensor Esteban Angjelinic de haberle reclamado honorarios ya abonados y que podría configurar una maniobra de estafa, derivó no solo en una causa penal en trámite en la justicia ordinaria, sino también en un expediente administrativo en el Tribunal de Disciplina del Colegio de Abogados.
En ese marco, la institución que agrupa a los matriculados difundió un pronunciamiento en el que expresó su “preocupación por la amplia difusión” que tuvo la denuncia en medios locales y nacionales, remarcando que se trata de un expediente que recién está en sus primeras etapas.
“DENUNCIAS HABITUALES” Y PRINCIPIO DE INOCENCIA
En el comunicado, fechado el 19 de agosto de 2025, el Colegio sostuvo que las denuncias contra abogados son una práctica “habitual” y “no poco frecuente”, y recordó que el Tribunal de Disciplina es el órgano encargado de evaluar cada caso conforme a la legislación vigente, garantizando el derecho de defensa y el debido proceso.
“Es por ello que resulta extraño que los medios de comunicación se hagan gran eco de solo una denuncia puntual que está en los albores de su tramitación y en la cual no se ha adoptado decisión alguna”, señaló el texto oficial, al marcar distancia respecto de la repercusión que tuvo la acusación en la opinión pública.
La institución también fue enfática en aclarar que no tolera “los indebidos procederes de los abogados”, pero al mismo tiempo advirtió que en el país rige el principio de inocencia. En esa línea, consideró “inaceptable” cualquier tipo de condena anticipada a partir de notas periodísticas replicadas en gran parte de la prensa local.
QUÉ ANALIZA EL TRIBUNAL DE DISCIPLINA
Tal como lo había explicado días atrás el presidente del Tribunal de Disciplina, Jorge Echelini, el expediente interno no evalúa el monto en discusión sino la eventual existencia de una falta ética. “El valor es indiferente: puede tratarse de un peso o de mil millones. Lo que se investiga es si existió el hecho denunciado y si constituye una falta de ética profesional”, señaló en declaraciones radiales.
Las sanciones posibles van desde un llamado de atención hasta la suspensión de la matrícula, pasando por multas económicas, aunque la exclusión definitiva es un escenario excepcional que no se registra en la historia reciente del Colegio.
En este caso, el proceso está en su etapa inicial: el abogado denunciado ya fue notificado para ejercer su derecho de defensa y ofrecer pruebas. Luego vendrá la instancia de producción de pruebas (documentación, pericias y testigos) y, posteriormente, una audiencia de vista de causa en la que las partes expondrán sus alegatos finales.
El plazo legal para resolver es de seis meses desde la apertura de la etapa probatoria, aunque podría extenderse si se decide esperar el avance de la causa penal, que todavía está en trámite.
UNA DISPUTA CON IMPACTO NACIONAL
La denuncia de Cristóbal López contra su exdefensor se da en el marco de una interna empresaria vinculada al Grupo Indalo, el conglomerado que fundó junto a Fabián de Sousa y que atraviesa múltiples conflictos judiciales y financieros.
Según la presentación judicial, el empresario acusa a su exabogado de haber reclamado honorarios por tareas que ya habían sido canceladas, lo que habría generado un perjuicio económico cercano a los 1.000 millones de pesos.
Aunque el denunciado evitó realizar declaraciones públicas, el caso escaló rápidamente en los medios nacionales debido a la relevancia del denunciante.
EL TRASFONDO DE LA POLÉMICA
La posición expresada por el Colegio de Abogados abrió un nuevo frente de debate: mientras el Tribunal de Disciplina avanza con el sumario y la justicia penal investiga la presunta estafa, la institución busca proteger la garantía de inocencia y rechaza lo que considera una condena social prematura contra uno de sus matriculados.
De este modo, el comunicado refleja el delicado equilibrio entre la necesidad de investigar eventuales faltas éticas y la obligación de resguardar derechos fundamentales, en un caso que combina el impacto local con la resonancia nacional.
