El escándalo que sacude al Gobierno nacional escaló este jueves a la Justicia federal luego de que Diego Spagnuolo, ex director de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), entregara un pendrive con los audios polémicos al fiscal Franco Picardi. Esta acción transforma un conflicto inicialmente mediático en un proceso judicial con posibles implicancias graves para la administración de Javier Milei.
Según reconstruyó el periodista Martín Carrizo, los audios contienen acusaciones directas de Spagnuolo contra dirigentes de primera línea. Entre los señalados se encuentra Eduardo “Lule” Menem, a quien vincula con presuntos negocios irregulares con la droguería Suizo Argentina. También cuestiona la idoneidad de Karina Milei, secretaria general de la Presidencia, y acusa a la ministra Sandra Pettovello de haberlo dejado sin respaldo político.
El giro judicial ocurre en un contexto en el que el exfuncionario adopta una estrategia conocida en el ámbito político como “si caigo yo, caemos todos”, lo que incrementa el riesgo para la cúpula presidencial. La eventual validez de estos audios podría derivar en investigaciones y, eventualmente, sanciones legales que afecten a figuras cercanas al Ejecutivo.
En paralelo, el Gobierno intervino la ANDIS y designó como interventor a Alejandro Vilches, un hombre vinculado al ministro de Salud, Mario Lugones, y al asesor presidencial Santiago Caputo. Esta decisión generó cuestionamientos, ya que la auditoría interna, que podría derivar en denuncia penal, quedó bajo la supervisión de funcionarios relacionados con personas mencionadas en los audios.
La entrega del material se produce después de semanas de tensión mediática, en las que Spagnuolo se mantuvo como protagonista central. El paso de lo mediático a lo judicial abre interrogantes sobre la coordinación política dentro del Gobierno y el posible impacto que las denuncias puedan tener en la imagen pública de Milei y su equipo.
Fuentes judiciales indicaron que el fiscal Picardi comenzará a analizar la autenticidad de las grabaciones y a determinar las responsabilidades penales, mientras que el Ejecutivo continúa ajustando el control interno de la agencia intervenida. La medida busca contener posibles irregularidades y garantizar la continuidad de los servicios de la ANDIS sin comprometer la investigación en curso.
