En agosto de 2025, la crisis de la industria láctea en Argentina se profundiza debido a una combinación letal de factores económicos y estructurales. A pesar de que la producción total de leche muestra un crecimiento del 11% en el primer semestre del año, muchas empresas emblemáticas del sector, como SanCor, Lácteos Verónica y ARSA, enfrentan una grave situación financiera.
Estas firmas sufren atrasos salariales, acumulación de deudas millonarias y cortes en el suministro de materia prima por parte de sus proveedores, lo que reduce drásticamente su capacidad operativa. Las causas son múltiples: la inflación que erosiona los costos y márgenes, la caída del consumo interno, tarifas dolarizadas y la dificultad para acceder a financiamiento a tasas razonables. Esta crisis también se expresa en conflictos laborales con despidos masivos y falta de pago de sueldos, sumiendo al sector en un momento de enorme incertidumbre.
A nivel estructural, el modelo de negocios lácteos en Argentina se encuentra asfixiado, con una cadena de valor poco competitiva y una creciente concentración del mercado que perjudica a los productores y pequeños tambos. La pérdida de poder adquisitivo de los consumidores ha incentivado la migración hacia marcas más económicas, afectando las ventas de las empresas históricas. Además, muchas fábricas enfrentan juicios, procesos preventivos de crisis y están obligadas a reducir su producción o incluso a poner en riesgo su continuidad.
Este escenario impacta directamente en las comunidades rurales y urbanas vinculadas al sector, generando un círculo vicioso de desempleo, cierre de tambos y caída en la producción de leche, con consecuencias socioeconómicas profundas para la región y una industria estratégica para el país.
LA SUIPACHENSE FUE TOMADA POR LOS TRABAJADORES TRAS UNA GRAVE CRISIS
En este contexto, la histórica planta láctea La Suipachense, símbolo económico y social de la localidad bonaerense de Suipacha, enfrenta una crisis sin precedentes que pone en riesgo su continuidad después de más de 75 años de trayectoria.
En su mejor momento, la fábrica procesaba 250.000 litros de leche diarios; hoy apenas alcanza los 40.000 litros, producto de una profunda crisis financiera, atrasos salariales, deudas millonarias y un fuerte recorte en el abastecimiento de leche por parte de los productores locales.
Ante esta situación, los 140 empleados de la planta, con el aval del gremio Atilra, decidieron asumir la administración con la esperanza de mantener en pie las operaciones básicas y garantizar el pago de salarios, en un contexto donde el grupo venezolano Maralac, actual dueño de la firma, calificó esta medida como una “toma forzada”.
CRISIS FINANCIERA Y CAÍDA EN LA PRODUCCIÓN DE LA SUIPACHENSE
La Suipachense requiere alrededor de 3.000 millones de pesos mensuales para operar, pero actualmente solo logra ingresar aproximadamente 500 millones, creando un déficit imposible de sostener. Esta situación hizo que la planta no pudiera cumplir con los pagos tanto a sus empleados como a los productores que le proveen la leche, lo que ha generado retrasos salariales recurrentes y acumulación de deudas impagables.
Como consecuencia directa, la mayoría de los tambos proveedores cortaron el suministro, dejando a la planta con apenas 40 de los 180 tamberos originales tomando leche para procesamiento.
El descenso en la producción no es solo una cifra que refleja dificultades internas; tiene un impacto tangible en la economía local. La planta láctea es uno de los principales motores económicos de Suipacha, un pueblo de 12.000 habitantes, y su deterioro ya se traduce en restricciones crediticias de comercios y proveedores, así como en un ambiente de incertidumbre y temor por un cierre definitivo que afectaría a toda la comunidad.
Además, la situación amenaza con empeorar ante la posibilidad de cortes eléctricos y de gas natural por falta de pago, servicios vitales para mantener la planta en funcionamiento.
INTERVENCIÓN GREMIAL Y LA URGENTE NECESIDAD DE UN INVERSOR
La decisión de los trabajadores de tomar la administración de la planta con el respaldo de Atilra busca principalmente sostener las operaciones básicas y garantizar el pago de salarios atrasados, en un gesto desesperado para evitar el cierre definitivo.
Sin embargo, la intervención enfrenta la oposición del grupo Maralac, que desde hace casi una década administra la firma y calificó la toma como una acción ilegal con posibles consecuencias negativas para la continuidad del negocio.
Los empleados y la comunidad local coinciden en que la planta se encuentra en una cuenta regresiva de apenas dos semanas para revertir su situación. El futuro de La Suipachense parece atado a la llegada urgente de un inversor que pueda inyectar capital fresco y permitir la reactivación económica y productiva. Sin una solución financiera sólida, la histórica láctea podría cerrar sus puertas, no solo poniendo fin a una tradición de más de siete décadas, sino también desatando un impacto económico y social devastador para Suipacha y sus alrededores.
