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Tras el escándalo por supuestos hechos de corrupción, el Gobierno intervino la Agencia Nacional de Discapacidad

 Tras el desplazamiento de Diego Spagnuolo, en medio de un escándalo por supuestos hechos de corrupción, el Gobierno decidió intervenir la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS).

“El interventor será el Dr. Alejandro Alberto Vilches, médico especializado en gestión de sistemas de salud pública y privada y actual secretario de Gestión Sanitaria. Su primera misión será realizar una profunda auditoría en el área”, informó el vocero presidencial, Manuel Adorni, a través de una publicación en la red social X.

“Las pensiones por invalidez han sido históricamente una caja de la política que este gobierno está decidido a romper para garantizar los derechos de quienes realmente lo necesitan. En ese marco se profundizará la gestión de auditorías y la revalidación de pensiones”, agregó el funcionario.

El escándalo explotó en las últimas horas, luego de que se filtraran audios de Spagnuolo donde se describe con crudeza cómo supuestos operadores del organismo solicitaban dinero a prestadores del área de salud, en particular del rubro de medicamentos, como condición para firmar convenios y garantizar la continuidad de servicios esenciales.

Los registros fueron difundidos por el programa Data Clave, conducido por Mauro Federico en el canal de streaming Carnaval. Allí se escucha a Spagnuolo advertir sobre prácticas de recaudación paralela. En uno de los pasajes más comprometedores, señala: “van a pedirle guita a los prestadores”, en alusión a exigencias económicas hacia empresas proveedoras del Estado.

También se hacen menciones a supuestas decisiones de la secretaria de la Presidencia, Karina Milei, para designar a funcionarios dentro del organismo que estarían vinculados a esas maniobras irregulares.

Durante la madrugada del jueves, la Vocería Presidencial confirmó que el presidente Javier Milei dispuso la desvinculación de Spagnuolo de la dirección de la ANDIS. La medida, según se explicó, se tomó en carácter preventivo frente a la magnitud de las acusaciones y para “garantizar la transparencia” en el manejo de la agencia.