Este martes se realizó en Comodoro Rivadavia la audiencia de impugnación ordinaria de la condena contra el policía Simón Cruz, declarado culpable por el homicidio de Lautaro Labbe, el adolescente que murió tras recibir un disparo por la espalda en 2020.
La defensa del agente pidió reducir la pena de 22 años de prisión impuesta en el juicio a 10 años y 8 meses, el mínimo legal previsto para el delito de homicidio simple agravado por el uso de arma de fuego.
El argumento más llamativo del planteo fue que la formación policial de Cruz habría sido “de bajísima calidad”, debido a que se realizó durante la pandemia.
El defensor particular Guillermo Iglesias sostuvo que su asistido no tuvo una capacitación adecuada antes de salir a la calle armado y con poder de intervención. “La formación que recibió fue mínima, deficiente, y eso debe considerarse al momento de fijar la pena”, dijo durante la audiencia.
También pidió que no se valore como agravante la edad del imputado —era joven al momento del hecho— y cuestionó que el tribunal de juicio hubiera mencionado el daño a la imagen institucional de la Policía como un elemento de peso al determinar la condena. Iglesias subrayó que su defendido pidió disculpas a la familia de la víctima y que la pena impuesta, de 22 años, “se acerca demasiado a la prisión perpetua”.
En el otro extremo, el fiscal Julio Puentes se opuso a cualquier reducción y pidió mantener la sentencia original. Afirmó que el hecho fue “de una gravedad extrema”, ya que Cruz disparó “por la espalda, a una distancia de entre 50 y 60 centímetros”, contra un adolescente que “no representaba ningún riesgo ni para él ni para sus compañeros”.
Además, rechazó el argumento de la pandemia al considerar que “la falta de experiencia o de preparación no exime de responsabilidad penal”. También recordó que el imputado, junto con otros policías condenados, “modificó la escena del hecho”, cortó la capucha del buzo de la víctima, ocultó la vaina de su arma reglamentaria y mintió en el acta policial.
El fiscal sostuvo además que el pedido de disculpas del policía llegó “un año después del crimen”, y que su conducta posterior demuestra “ausencia total de arrepentimiento”. “Sabía perfectamente lo que hacía —afirmó—. La policía está para prevenir el delito, no para cometerlo”.
En el mismo sentido, la querella —en representación de la familia Labbe— pidió rechazar la impugnación y mantener la pena. Recordó que un jurado popular encontró probado que Cruz disparó a corta distancia a un joven desarmado, y cuestionó que haya intentado modificar su relato en distintas declaraciones durante el proceso judicial. “No hay arrepentimiento real, y eso debe incidir en la pena”, sostuvo.
El pedido de reducción quedó en manos de los jueces de Cámara Cecilia Codina, Mónica García y Martín Montenovo, quienes anunciarán su decisión el próximo 11 de noviembre al mediodía. Mientras tanto, la defensa insiste en que la mala calidad de la formación policial durante la pandemia debe ser considerada un atenuante, un planteo que generó sorpresa e indignación entre los presentes en la audiencia.
