La disputa judicial entre la Argentina y el fondo Burford Capital por la expropiación de YPF sumó un nuevo capítulo. En las últimas horas, la jueza estadounidense Loretta Preska volvió a presionar al país al insistir en que entregue los registros de comunicaciones de funcionarios y exfuncionarios involucrados en la causa, entre ellos el ministro de Economía Luis Caputo y su antecesor Sergio Massa.
La magistrada fijó el 10 de noviembre como fecha límite para que el país presente el listado de las personas que colaborarán con la Justicia de Estados Unidos, y el 21 de noviembre como plazo final para entregar toda la documentación requerida.
El caso, que se tramita en los tribunales de Nueva York, se originó tras la decisión del Estado argentino de estatizar la petrolera en 2012. En septiembre de 2023, Preska condenó al país a pagar más de 16.000 millones de dólares a Burford y otros fondos que adquirieron los derechos de litigio. Desde entonces, la magistrada sostiene una férrea supervisión sobre el cumplimiento de su fallo y los pasos del Gobierno argentino.
Ahora, la jueza busca determinar si organismos públicos y empresas estatales como YPF, Aerolíneas Argentinas, el Banco Central y el Banco Nación actuaron como una misma entidad, lo que podría ampliar la responsabilidad de la República en el pago de la indemnización. En ese contexto, ordenó acceder a correos, mensajes y archivos personales de figuras clave de la política y la economía.
El objetivo de los demandantes es determinar si YPF, Aerolíneas Argentinas, el Banco Central (BCRA) y el Banco Nación funcionaron como “alter ego” de la República, lo que podría ampliar el alcance del reclamo.
La defensa argentina había solicitado una prórroga, finalmente concedida, para extender el plazo original del 30 de octubre al 21 de noviembre. En ese marco, el Estado se comprometió a requerir la colaboración de 35 funcionarios y exfuncionarios para preservar sus comunicaciones y dispositivos, e informó que ya inició el proceso de apelación contra la orden de entrega de chats y correos.
Durante la audiencia, la representación argentina reconoció ante Preska que no puede garantizar que todos los implicados hayan conservado sus comunicaciones, lo que generó nuevas tensiones con los demandantes.
El fondo Burford, principal querellante, acusó al país de intentar dilatar el proceso y pidió que, si el 21 de noviembre la información no se entrega, se declare a la Argentina en desacato.
Si bien Preska no dictó esa sanción, advirtió que, en caso de incumplimiento, abrirá una investigación paralela para analizar los motivos del retraso y definir posibles penalidades.
Con información de TN, redactada y editada por un periodista de ADNSUR
