Este jueves 24 de abril, el Ente Nacional Regulador del Gas (Enargas) resolvió postergar por dos meses la definición de los nuevos cuadros tarifarios del gas natural y de las inversiones que deberán asumir las empresas transportistas y distribuidoras del país hasta 2030. Así lo comunicó en la Resolución 233, publicada en el Boletín Oficial.
Según explicó el organismo, la decisión responde a que aún “se encuentra relevando y analizando la información” que fue discutida durante la audiencia pública, realizada el pasado 6 de febrero en el marco de la Revisión Quinquenal Tarifaria (RQT).
De esta forma, el comunicado establece una prórroga de 60 días para dictar las decisiones finales respecto a los puntos centrales debatidos en la audiencia, principalmente los nuevos valores tarifarios y los planes de inversión de las compañías hasta el año 2030.
No obstante, se confirmó que los cuadros tarifarios, deberán entrar en vigencia antes del 9 de julio, fecha en la que vence la emergencia energética decretada por el Gobierno al inicio de su gestión.
A pesar de la postergación, Enargas aclaró que la medida no altera el cronograma general establecido por el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 1023/2024. En ese sentido, la fecha estimada para conocer las tarifas definitivas se mantiene para el 23 de junio, es decir, dos semanas antes del fin del plazo legal.
La RQT tiene como objetivo ofrecer previsibilidad a las empresas del sector respecto a sus ingresos y necesidades de financiamiento, con vistas a garantizar inversiones que permitan ampliar y mejorar la calidad del servicio.
Por otro lado, el Gobierno ya anticipó que, una vez pasadas las elecciones legislativas, avanzará con un nuevo esquema de subsidios para los servicios de luz y gas. La propuesta contempla reducir el gasto público y concentrar la asistencia estatal en los sectores de menores ingresos.
En tanto, la asistencia quedará limitada a algunos sectores y millones de usuarios de clase media perderán el beneficio.
Se dará como parte del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI). Con respecto a este nuevo sistema, reemplazará la segmentación vigente, que divide a los usuarios por nivel de ingresos, por una única asistencia dirigida a hogares vulnerables. Esto implica que cerca de 3.000.000 de usuarios de clase media quedarán excluidos del beneficio en el caso de la luz, junto con parte de quienes, pese a cumplir los requisitos, no puedan acreditarlo formalmente.
Desde el área energética reconocen que el Estado no cuenta con información suficiente para identificar a todos los beneficiarios, lo que complica la implementación. Por eso, el cambio será gradual. En principio, no se esperan modificaciones en lo que queda del año, salvo que se acelere el ajuste fiscal.
Actualmente, seis de cada diez hogares reciben subsidios. Según el Registro de Acceso a los Subsidios a la Energía (RASE), hasta diciembre había 9.500.000 de usuarios de electricidad subsidiados: 6.300.000 en el Nivel 2 (ingresos bajos) y 3.200.000 en el Nivel 3 (ingresos medios). En gas, 5.300.000 de los 9.500.000 de usuarios residenciales contaban con algún tipo de subvención.
UN MODELO SIMILAR AL DE LA TARIFA SOCIAL
El nuevo esquema tendrá una lógica similar a la tarifa social aplicada durante la gestión de Mauricio Macri. Habrá solo dos categorías: quienes reciben subsidios y quienes no.
La secretaria de Energía, María Tettamanti, será la responsable de poner en marcha el nuevo sistema. Según proyecciones del FMI, el gasto en subsidios energéticos bajará del 1,1% del PBI en 2024 al 0,5% en 2025. En el primer año de gestión de Milei ya se aplicó un ajuste cercano a los US$ 3.000 millones, acompañado por aumentos en los componentes tarifarios de transporte y distribución.
